Vol. 4 – Núm. 2 / Julio – Diciembre – 2023
El libre porte de armas frente al derecho a la integridad personal
The free carrying of weapons versus the right to personal integrity
O porte gratuito de armas versus o direito à integridade pessoal
Henry Danilo Chimborazo Cordonez
1
Universidad Tecnológica Indoamérica
ceciyhenry@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0000-7281-3615
Jorge Mateo Villacres López
2
Universidad Tecnológica Indoamérica
mateovillacres@uti.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-9844-8687
DOI / URL: https: //doi.org/10.55813/gaea/ccri/v4/n2/251
Como citar:
Chimborazo, H. & Villacres, J. (2023). El libre porte de armas frente al derecho a la integridad
personal. Código Científico Revista de Investigación, 4(2), 467-490.
Recibido: 18/09/2023 Aceptado: 26/10/2023 Publicado: 31/12/2023
1
Estudiante de la Universidad Indoamérica, facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Carrera de Derecho.
2
Docente a tiempo completo de la carrea de Derecho en la Universidad Tecnológica Indoamérica
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Resumen
Este artículo científico analiza el libre porte de armas en Ecuador, enfocándose en el Decreto
Ejecutivo 707 y sus implicaciones en la seguridad ciudadana y el derecho a la integridad
personal. Se abordan los requisitos para obtener permisos de tenencia y porte de armas, así
como las regulaciones de delitos relacionados. Se destaca la relación directa entre el porte de
armas y la integridad personal, con el objetivo de proteger la seguridad y vida de los
ciudadanos. Se evalúan las ventajas y desventajas del decreto en relación al derecho al libre
porte de armas, considerando la promoción de la seguridad integral y las posibles restricciones
a actividades legales. La efectividad del decreto en la seguridad ciudadana se examina mediante
la reducción del acceso a armas de fuego y la prevención de delitos violentos. Se resalta la
responsabilidad del Estado y su relación con los presupuestos de seguridad social. Además, se
analiza el impacto del libre porte de armas en la cultura de la violencia, con la finalidad de
reducir la normalización de la violencia armada en la sociedad. Se presentan casos judiciales
relevantes que respaldan la necesidad de regular el porte de armas para proteger la integridad
personal. El artículo concluye con recomendaciones para una regulación efectiva que garantice
la seguridad ciudadana y promueva un ambiente seguro y pacífico. Se destaca la importancia
del diálogo constructivo y la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones para mejorar
la seguridad en Ecuador.
Palabras claves: Tenencia de armas, porte de armas, seguridad ciudadana, derecho integral.
Abstract
This scientific article analyzes the free carrying of weapons in Ecuador, focusing on Executive
Decree 707 and its implications for citizen security and the right to personal integrity.
Requirements for obtaining permits to possess and carry weapons, as well as regulations for
related crimes, are addressed. The direct relationship between the carrying of weapons and
personal integrity is highlighted, with the aim of protecting the safety and lives of citizens. The
advantages and disadvantages of the decree are evaluated in relation to the right to free carry
of weapons, considering the promotion of comprehensive security and possible restrictions on
legal activities. The effectiveness of the decree on citizen security is examined by reducing
access to firearms and preventing violent crimes. The responsibility of the State and its
relationship with social security budgets is highlighted. Furthermore, the impact of the free
carrying of weapons on the culture of violence is analyzed, with the aim of reducing the
normalization of armed violence in society. Relevant court cases are presented that support the
need to regulate the carrying of weapons to protect personal integrity. The article concludes
with recommendations for effective regulation that guarantees citizen security and promotes a
safe and peaceful environment. The importance of constructive dialogue and citizen
participation is highlighted in the search for solutions to improve security in Ecuador.
Keywords: Possession of weapons, carrying of weapons, citizen security, comprehensive law.
Resumo
Este artigo científico analisa o porte gratuito de armas no Equador, com foco no Decreto
Executivo 707 e suas implicações para a segurança dos cidadãos e o direito à integridade
pessoal. São abordados os requisitos para a obtenção de licenças para possuir e portar armas,
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bem como os regulamentos para crimes relacionados. Destaca-se a relação direta entre o porte
de armas e a integridade pessoal, com o objetivo de proteger a segurança e a vida dos cidadãos.
As vantagens e desvantagens do decreto são avaliadas em relação ao direito ao livre porte de
armas, considerando a promoção de segurança integral e possíveis restrições às atividades
legais. A eficácia do decreto sobre segurança cidadã é examinada através da redução do acesso
a armas de fogo e da prevenção de crimes violentos. É destacada a responsabilidade do Estado
e a sua relação com os orçamentos da segurança social. Além disso, analisa-se o impacto do
porte gratuito de armas na cultura da violência, com o objetivo de reduzir a normalização da
violência armada na sociedade. São apresentados processos judiciais relevantes que apoiam a
necessidade de regulamentar o porte de armas para proteger a integridade pessoal. O artigo
conclui com recomendações para uma regulamentação eficaz que garanta a segurança dos
cidadãos e promova um ambiente seguro e pacífico. A importância do diálogo construtivo e da
participação cidadã é destacada na busca de soluções para melhorar a segurança no Equador.
Palavras-chave: Posse de armas, porte de armas, segurança cidadã, legislação integral.
Introducción
La posesión de armas por parte de la población civil es uno de los temas de mayor
debate sobre el contexto de la problemática de la seguridad ciudadana. En el marco de los
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador, el
derecho sobre la integridad personal establece el salvaguardar la vida y dignidad de cada
individuo. Sin embargo, la creciente ola de violencia ha clasificado a la región de Ecuador
como una de las mayormente activas en relación con el crecimiento de la violencia criminal en
América Latina.
Por lo mismo, la figura sobre la que recae la integridad de la ciudadanía y las
responsabilidades del Estado, se encuentran en constante tensión, así como también, deberá
enfrentar al fenómeno del libre porte de armas, lo que supone varias interrogantes sobre la
efectividad de su regulación y su impacto en la seguridad ciudadana.
Según lo mencionado, la noción sobre violencia criminal prolifera en países de la región
de América Latina y el Caribe, donde el fenómeno sobre la violencia se adentra en diferentes
figuras relacionadas a aspectos económicos, sociales y otras perspectivas globales. Por lo
mismo, Ecuador vive una de las olas criminales más altas de su historia, siendo uno de sus
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peores registros en 2022, donde la tasa de homicidios aumentó en 25 por cada 100 mil
habitantes (INEC, 2022).
Así mismo, el registro de uso de armas de fuego con fines delictivos no solo representa
una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de cualquier país, sino que también,
representa un peligro más amplio para la seguridad pública. Paralelamente, el crecimiento de
la violencia y delincuencia fundamenta razones para la adquisición de un arma de fuego, de
modo que, la posesión de armas de fuego por parte de la población civil es uno de los debates
en torno a la seguridad, el riesgo de violencia y el resguardo de derechos fundamentales de
terceros.
Debido a lo mencionado, el libre porte de armas como derecho, permite a los
ciudadanos portar armas de fuego. Según Moreano y otros (2006), “se estima que cada año
mueren en el mundo industrializado alrededor de 200 mil personas por homicidios o suicidios
por armas de fuego y 300 mil en conflictos armados que afectan a los países subdesarrollados”
(p. 4).
Estudios relacionados demuestran que, entre 639 millones de armas en el mundo,
alrededor del 60% están en manos de civiles y que si se compara la representación que tiene a
la tasa de muertes por armas de fuego en el patrón general de tasas de homicidio, se estima que
esta cifra escala el 60% de los casos en regiones de América Latina acorde lo afirma Moreano
y otros, 2006.
Por lo acotado, este registro demuestra en gran medida, que parte del aumento de la
violencia, es producto del empleo de armas de fuego, lo que contradice el sentido común de
quienes las emplean con el fin de asegurar su integridad. Si bien Ecuador, es un país de un bajo
porcentaje de uso de armas de fuego en civiles, la actual medida sobre tenencia de armas se
establece como una medida polémica y controvertida ante la crisis de seguridad en Ecuador.
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Las tasas de violencia en Ecuador demuestran que desde el año 2021, las cifras de
violencia por homicidios escalaron en un 137,2% para un total de 4 823 victimas (INEC, 2022).
Ante ello, la relación entre la crisis de seguridad en Ecuador y la autorización al porte de armas
para civiles se sitúa a través de factores como los anteriormente mencionados, por lo mismo,
el alcance de esta reforma ante el uso de armas autoriza a civiles al porte de las mismas bajo
fines de defensa hacia su integridad. No obstante, estudios como los de Llambo y otros (2023)
argumentan que "estas medidas permiten una defensa ante la inseguridad ciudadana, al igual
que contribuir a la proliferación de armas y aumento de los riesgos de violencia armada".
En cuanto a los aspectos jurídicos, el decreto Ejecutivo 707 firmado e 1º de abril de
2023, evidencia regulaciones específicas para la tenencia y porte de armas en el país, de modo
que, se deben cumplir requisitos y las respectivas autorizaciones para el uso de este derecho.
Por lo mencionado, el libre porte de armas como nuevo derecho para civiles en Ecuador,
plantea cuestiones fundamentales sobre la seguridad, el riesgo de violencia y la protección de
los derechos fundamentales de terceros.
Por lo mismo, esta investigación propone abordar estas interrogantes, mediante el
análisis de la legislación ecuatoriana vigente sobre la libre portación de armas y su
armonización con el derecho a la integridad personal consagrado en la Constitución. Debido a
ello se han planteado las siguientes interrogantes: ¿En qué medida este derecho es compatible
con el deber del Estado de garantizar la seguridad y proteger la integridad de las personas?
¿Qué límites y restricciones son necesarios para garantizar la convivencia pacífica y la
preservación del orden público?
Desarrollo
Derecho a la integridad
La relación entre el derecho a la integridad personal y el libre porte de armas en la
Constitución de Ecuador, el tema del porte de armas es crucial para la sociedad ecuatoriana
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porque involucra aspectos esenciales de seguridad, derechos individuales y la protección del
orden público. Sin embargo, la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho
a la integridad personal como un derecho fundamental que busca proteger la dignidad, la
seguridad y la vida de las personas.
Entre las concordancias sobre los deberes del estado y la garantía sobre la seguridad
integral de sus habitantes, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho a
la integridad personal como una garantía sobre los derechos de libertad ciudadana. La
integridad personal es un derecho fundamental reconocido a nivel nacional e internacional. Se
refiere al derecho innato de todas las personas a la dignidad, la seguridad y la protección contra
el maltrato, la tortura, el trato inhumano o degradante, por lo mismo, incluye la integridad
física, psicológica, moral y sexual de las personas.
Según la Constitución de la República del Ecuador (2008) se reconoce y garantiza a las
personas: “La integridad física, psíquica, moral y sexual. Una vida libre de violencia en el
ámbito público y privado. La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y
penas crueles, inhumanos o degradantes” (p. 29).
Debido a lo mencionado, la Constitución de la República del Ecuador protege el derecho
a la integridad personal como parte fundamental de los derechos humanos. Esto significa que,
el Estado tiene la responsabilidad de proteger a las personas de la violencia, el abuso o la
violación de su integridad personal.
Porte de armas (violencia genera el porte de armas, describir los tipos de armas letales y
no letales)
La violencia es un fenómeno complejo y multifacético que tiene un impacto en la
sociedad en una variedad de contextos y formas. En Ecuador, la violencia es un problema
importante que afecta muchos aspectos de la vida cotidiana, como la convivencia pacífica y el
cumplimiento de los derechos humanos.
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Según las estimaciones de Small Arms Survey (2004), 639 millones de armas de fuego
están en circulación en todo el mundo, de las cuales 378 millones (60 %) pertenecen a personas
civiles, lo que significa que uno de cada diez personas que viven en este mundo tiene un arma.
Frente a esta explicación, los autores relacionan que el crecimiento de la violencia y la
delincuencia a nivel mundial es uno de los indicadores más frecuentes sobre la adquisición de
un arma de fuego. No obstante, se estima que alrededor de 200 mil personas mueren
anualmente en el mundo industrializado por homicidios o suicidios con armas de fuego,
mientras que 300 mil mueren en conflictos armados que afectan a los países subdesarrollados
(Moreano et al., 2006)
Si bien en Ecuador las estimaciones de porte de armas en civiles escala entre el 1.56%
al 2.34%, expertos en el área mencionan que, en Ecuador, alrededor del 66% de los homicidios
son cometidos con armas de fuego, lo que denota una importante observación del fenómeno de
posesión de armas (Moreano et al., 2006).
La relación entre el porte de armas y la violencia es un tema complejo y ampliamente
estudiado en la literatura académica. Existe evidencia que sugiere que el acceso a armas de
fuego puede estar relacionado con un mayor riesgo de violencia letal y la comisión de delitos
violentos. A continuación, se presenta información académica y científica que respalda esta
relación:
Un estudio realizado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
de Estados Unidos encontró que "la disponibilidad de armas de fuego está asociada con un
mayor riesgo de homicidio" (Anglemyer et al., 2014). El acceso a armas de fuego puede
facilitar la comisión de actos violentos y aumentar la letalidad de los mismos, ya que las armas
de fuego son más eficaces para causar lesiones graves o mortales en comparación con otras
armas.
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Tipos de armas letales y no letales:
Armas letales:
• Armas de fuego: Incluyen pistolas, revólveres, rifles y escopetas que utilizan la
combustión de pólvora para disparar proyectiles a alta velocidad. Son capaces de causar
lesiones graves o mortales a corta o larga distancia.
• Armas blancas: Son armas cuyo daño se produce por el filo o la punta de su hoja.
Incluyen cuchillos, dagas, machetes y navajas. Aunque su capacidad letal es menor que
las armas de fuego, aún pueden causar daños significativos.
• Armas contundentes: Son armas que causan daño mediante golpes o impactos directos,
como palos, bates o martillos. Aunque suelen ser menos letales que las armas de fuego
o blancas, pueden causar lesiones graves.
Armas no letales:
• Gas pimienta: Es un aerosol irritante que se utiliza para incapacitar temporalmente a
una persona. Causa irritación en los ojos y las vías respiratorias, lo que permite que la
persona pueda ser controlada sin causar lesiones mortales.
• Pistolas eléctricas de descarga (Taser): Dispositivos que emiten una descarga eléctrica
para incapacitar a una persona. Son utilizados por las fuerzas de seguridad para reducir
a individuos violentos sin causar daños letales.
• Sprays de gas lacrimógeno: Son aerosoles que emiten gases lacrimógenos para
dispersar multitudes o controlar disturbios. Causan irritación en los ojos y las vías
respiratorias, pero no son letales en la mayoría de los casos.
Es importante destacar que, aunque algunas armas son consideradas "no letales", su uso puede
resultar en lesiones graves o incluso la muerte en ciertas circunstancias, dependiendo de la
forma en que se utilicen y de la salud y condición física del individuo afectado.
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Legalización del Porte de Armas – Decreto ejecutivo 707
Antecedentes y contexto de la emisión del decreto
El Decreto Ejecutivo No. 707 fue emitido por el Presidente Constitucional de la
República de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza. En el considerando del decreto se
mencionan varios antecedentes y contextos que llevaron a su emisión:
Se hace referencia al deber primordial del Estado de garantizar a sus habitantes el
derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral, así como a vivir en una sociedad
democrática y libre de corrupción, según lo establecido en el numeral 8 del artículo 3 de la
Constitución de la República.
Se mencionan los atributos y deberes del Presidente de la República, en particular,
cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales, dirigir la administración pública
desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación
y control, según los numerales 1 y 5 del artículo 147 de la Constitución.
Se hace referencia al artículo 393 de la Constitución, el cual establece que el Estado
garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la
convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de
violencia y discriminación, así como la comisión de infracciones y delitos.
Se menciona la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos
de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA), suscrita
por Ecuador, cuyo propósito es impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito
de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, promoviendo la
cooperación y el intercambio de información entre los Estados Partes.
Se hace referencia a disposiciones del Código Orgánico Integral Penal que regulan los
delitos relacionados con la tenencia y porte de armas sin autorización, armas de fuego,
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municiones y explosivos no autorizados, y el tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas,
nucleares o biológicas.
Contenido y disposiciones relevantes
Artículo 16 de la Ley Orgánica de la Defensa: "El Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas tiene la atribución de efectuar el control de producción, comercialización, transporte,
almacenamiento, tenencia y empleo de armas, explosivos y afines."
Este artículo otorga al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la responsabilidad de llevar
a cabo el control y regulación de diversas etapas relacionadas con las armas y explosivos. Estas
responsabilidades incluyen el control de la producción, es decir, la fabricación de armas, así
como el control de la comercialización, transporte y almacenamiento de las mismas.
Es importante destacar que el control de la tenencia y el empleo de armas también recae
en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esta disposición es relevante en el contexto
de la discusión sobre el libre porte de armas, ya que implica que la regulación y control de la
tenencia de armas está en manos de una autoridad militar.
En relación con el control de armas, la doctrina ha resaltado la importancia de establecer
políticas y medidas efectivas para evitar el acceso indebido a armas de fuego. Según Díaz-
Villavicencio (2014), "el control de armas de fuego debe basarse en la identificación y
seguimiento de armas, así como en la implementación de procedimientos adecuados para su
registro y licenciamiento" (p. 148). Estas medidas son fundamentales para garantizar que las
armas sean utilizadas de manera responsable y no caigan en manos de personas con
antecedentes criminales o inestabilidad mental.
Artículo 2 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público:
"Determina cuáles son las entidades complementarias de seguridad de la Función Ejecutiva y
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, metropolitanos y cantonales."
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Este artículo establece las entidades complementarias de seguridad ciudadana y orden
público, que son responsables de colaborar con la Función Ejecutiva y los Gobiernos
Autónomos Descentralizados en el mantenimiento del orden y la seguridad en sus respectivas
jurisdicciones.
En relación con la seguridad ciudadana y el control del porte de armas, la legislación
ecuatoriana ha buscado establecer una coordinación efectiva entre las entidades encargadas de
la seguridad pública y el control de armas. Según Rocha y Cabezas (2017), "es fundamental
que las entidades de seguridad trabajen en conjunto para abordar el tema del porte de armas de
manera integral y reducir la violencia armada en la sociedad" (p. 92). Esta colaboración entre
entidades es esencial para garantizar una implementación efectiva de las regulaciones sobre el
porte de armas y promover la seguridad ciudadana.
Agregado del artículo 23.2: "Sanción por infracciones leves. Las infracciones leves
serán sancionadas de la siguiente manera:"
Prohibición de contratación sin acreditación o permiso: "Se prohíbe la contratación, por
parte de los prestadores de servicios de privada, regulados en el presente reglamento, con una
persona natural o jurídica que no cuente con la acreditación, autorización, permiso de operación
o funcionamiento, según corresponda, o, el mismo se encuentre caducado."
Este agregado establece sanciones para las infracciones leves relacionadas con la
contratación de servicios de seguridad privada. Estas medidas están destinadas a garantizar que
las empresas o personas que prestan servicios de seguridad privada cumplan con los requisitos
y permisos legales necesarios para operar de manera legal y responsable.
Es relevante señalar que el control de la seguridad privada es esencial para evitar la
proliferación de armas y garantizar que solo aquellas personas o empresas autorizadas puedan
prestar servicios de seguridad. Según Palma et al. (2018), "el adecuado control de las empresas
de seguridad privada contribuye a evitar el uso indebido de armas y promover la seguridad
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ciudadana en general" (p. 215). De esta manera, se busca evitar que el libre porte de armas se
convierta en un factor que aumente la violencia y la inseguridad en la sociedad.
Agregado del artículo 23.4: "Sanción por infracciones graves. Las infracciones graves
serán sancionadas de la siguiente manera:"
Acciones u omisiones administrativas y de control:
"Las infracciones graves incluyen las siguientes acciones u omisiones administrativas
y de control: 1. Prestar los servicios establecidos en la Ley y el presente Reglamento,
sin contar con el permiso de operación o funcionamiento otorgado por el ente rector de
seguridad ciudadana, protección interna y orden público; o que este se encuentre
caducado; 2. Romper o retirar, sin la debida autorización, los sellos de clausura
impuestos por el ente rector de seguridad ciudadana, protección interna y orden público,
sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal."
Este agregado establece sanciones para las infracciones graves relacionadas con la
prestación de servicios de seguridad privada. En este contexto, es esencial que las entidades de
seguridad ciudadana y protección interna tengan un control efectivo sobre las empresas y
personas que prestan servicios de seguridad privada para evitar abusos y el mal uso de armas.
El control riguroso sobre las acciones y omisiones administrativas y de control de las empresas
de seguridad privada puede ayudar a prevenir situaciones peligrosas en las que las armas
puedan ser utilizadas de manera inapropiada o irresponsable. Según Maldonado y Pazmiño
(2015), "el control efectivo de las empresas de seguridad privada es crucial para prevenir
incidentes de violencia armada y proteger la integridad personal de los ciudadanos" (p. 102).
En este sentido, el cumplimiento de las disposiciones legales sobre el control y regulación de
las armas es fundamental para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir situaciones de
riesgo.
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Análisis de las implicaciones para el libre porte de armas
Prohibición del porte y tenencia de armas: Mediante el Decreto Ejecutivo No. 749 de
28 de abril de 2011, se estableció la prohibición del porte y tenencia de armas. Esto implica
que las personas no pueden portar o tener armas de fuego sin autorización.
Requisitos para obtener permisos individuales de tenencia y porte de armas: El artículo
83 del Reglamento a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y
Tenencia de Armas establece que las personas naturales deben presentar ciertos documentos
ante el organismo militar de control de armas para obtener los permisos individuales de
tenencia y porte de armas. Estos documentos serán determinados en un Acuerdo expedido por
el Ministerio de Defensa Nacional.
Regulación del delito de tenencia y porte de armas sin autorización: El Código Orgánico
Integral Penal regula los delitos relacionados con la tenencia y porte de armas sin autorización.
Los artículos 360, 361 y 362 establecen sanciones para la tenencia y porte de armas sin
autorización, armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados, y tráfico ilícito de armas
de fuego, respectivamente.
Excepciones para el porte de armas: Según el artículo 19 de la Ley de Fabricación,
Importación y Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, se establece una
prohibición general para cualquier persona natural o jurídica de tener o portar cualquier tipo de
arma de fuego sin la autorización respectiva. Sin embargo, se exceptúa de esta prohibición al
personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Seguridad y Vigilancia
Penitenciaria, y otros organismos estatales cuyos miembros pueden utilizar armas de fuego de
acuerdo con las leyes y reglamentos.
Relación con el derecho a la integridad personal
La relación directa entre el porte de armas y la comisión de delitos contra la integridad
personal es evidente ya que el derecho a la integridad busca salvaguardar la dignidad, seguridad
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y vida de los individuos. Las disposiciones mencionadas en el Decreto Ejecutivo 707 y otras
leyes relacionadas están diseñadas para proteger este derecho fundamental y promover un
entorno seguro para la sociedad ecuatoriana. Se puede establecer una relación entre las
disposiciones mencionadas y el derecho a la integridad personal. A continuación, se detallan
algunos puntos relevantes:
Prohibición del porte y tenencia de armas: La prohibición del porte y tenencia de armas
sin autorización, establecida en el Decreto Ejecutivo No. 749 de 28 de abril de 2011, tiene
como objetivo proteger la integridad personal de los ciudadanos. Al restringir el acceso a armas
de fuego, se busca prevenir situaciones de violencia y garantizar la seguridad de las personas.
La prohibición del porte y tenencia de armas sin autorización, establecida en el Decreto
Ejecutivo No. 749 de 28 de abril de 2011, es una medida clave para salvaguardar la integridad
personal de los ciudadanos. Al limitar el acceso a armas de fuego, se busca reducir la
posibilidad de situaciones violentas y prevenir actos delictivos que puedan afectar la seguridad
de las personas. Esta prohibición es una respuesta directa al reconocimiento del derecho a la
integridad personal consagrado en la Constitución de la República del Ecuador.
La posesión y uso incontrolado de armas de fuego pueden generar un riesgo significativo para
la integridad de las personas y la convivencia pacífica de la sociedad. Al regular rigurosamente
el acceso a las armas, se busca minimizar la probabilidad de enfrentamientos armados y
disuadir a individuos con intenciones criminales de cometer actos violentos.
Delitos contra la integridad personal: El documento menciona que se prohíbe el porte y
tenencia de armas a quienes estén inmersos en delitos contra la integridad personal. Esto
implica que aquellos que hayan cometido delitos que atenten contra la integridad física o
psicológica de las personas, como la violencia física o sexual, no pueden tener acceso a armas
de fuego.
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El documento menciona que se prohíbe el porte y tenencia de armas a quienes estén
involucrados en delitos contra la integridad personal. Esta disposición apunta a evitar que
personas con antecedentes penales por actos que afecten la integridad física o psicológica de
otras personas, como la violencia física o sexual, tengan acceso a armas de fuego.
La disponibilidad de armas puede aumentar la gravedad y letalidad de los delitos, así como
facilitar su comisión. Al prohibir el acceso a armas a aquellos que hayan sido condenados por
delitos violentos, se pretende proteger a la sociedad y resguardar el derecho a la integridad
personal de los ciudadanos.
Regulación de sanciones: El Código Orgánico Integral Penal establece sanciones para
delitos que afectan la integridad personal, como la violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar. Estas sanciones buscan proteger la integridad física y emocional de las
personas y promover un entorno seguro.
El Código Orgánico Integral Penal regula sanciones para delitos que afectan
directamente la integridad personal de las personas. Delitos como la violencia contra la mujer,
la violencia intrafamiliar y otras formas de agresión física o psicológica son considerados
graves y tienen consecuencias penales severas.
Estas sanciones tienen como objetivo promover un ambiente seguro y disuadir a las
personas de cometer actos que atenten contra la integridad personal de otros individuos. Al
aplicar castigos proporcionales a la gravedad de los delitos, se busca proteger la integridad
física y emocional de las personas y mantener la cohesión social.
La legislación ecuatoriana, incluidas las disposiciones del Decreto Ejecutivo 707 y el
Código Orgánico Integral Penal, se alinea con el derecho a la integridad personal al prohibir el
porte y tenencia de armas sin autorización y al establecer sanciones para delitos que afectan
directamente la integridad física y emocional de las personas. Estas medidas legales tienen
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como propósito garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad ecuatoriana, protegiendo
así el derecho fundamental a la integridad personal de todos sus ciudadanos.
En resumen, la legislación ecuatoriana, en concordancia con las disposiciones
mencionadas en el documento, busca proteger el derecho a la integridad personal al prohibir el
porte y tenencia de armas sin autorización y al establecer sanciones para delitos que afectan la
integridad física y emocional de las personas. Estas medidas tienen como objetivo garantizar
la seguridad y bienestar de la sociedad.
Ventajas y desventajas del decreto en relación al derecho al libre porte de armas
Es posible identificar algunas posibles ventajas y desventajas del decreto en relación al
derecho al libre porte de armas. A continuación, se detallan algunos puntos relevantes:
Ventajas:
Promoción de la seguridad integral: El decreto busca garantizar la seguridad integral de
los habitantes, en concordancia con el deber primordial del Estado establecido en la
Constitución de la República. Al restringir el porte y tenencia de armas sin autorización, se
busca prevenir situaciones de violencia y promover una cultura de paz.
Cumplimiento de tratados internacionales: El decreto se basa en la Convención
Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones,
Explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA), suscrita por Ecuador. Al cumplir con los
compromisos internacionales, se fomenta la cooperación y el intercambio de información entre
los Estados Partes para combatir el tráfico ilícito de armas.
Desventajas:
Restricción del derecho al libre porte de armas: El decreto prohíbe el porte y tenencia
de armas sin autorización, lo que limita el ejercicio del derecho al libre porte de armas por parte
de las personas naturales. Esto puede generar controversias en relación a la autonomía y la
capacidad de autodefensa de los ciudadanos.
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Posible afectación de actividades legales: El decreto puede afectar a personas o
entidades que realizan actividades legales relacionadas con la fabricación, importación,
exportación, comercialización y tenencia de armas. Si las regulaciones son demasiado
restrictivas, podría dificultar el desarrollo de estas actividades de manera legal y controlada.
Es importante tener en cuenta que esta respuesta se basa únicamente en la información
proporcionada en el documento y no pretende ser una evaluación exhaustiva de todas las
ventajas y desventajas del decreto en relación al derecho al libre porte de armas. Para obtener
una comprensión completa del tema, es recomendable consultar la legislación vigente y
considerar diferentes perspectivas.
Metodología
Este trabajo de investigación se desarrolló mediante un paradigma cuantitativo en
donde ‘‘el sujeto investigador aborda el objeto con neutralidad, busca las causas de los
fenómenos sociales mediante la cuantificación y medición de variables, cuyo rigor científico
viene dado por la validez y confiabilidad de los instrumentos que se aplican’’ (Finol y Vera,
2020, p. 7).
Su desarrollo se basó en el tipo de investigación analítica, diseño no experimental
documental, bibliográfico. A través de estas, el investigador solo observa las diferentes fuentes
secundarias, sin intervenir de ninguna manera en su comportamiento. De tal manera, que se
compilan a través de las diferentes fuentes de derecho lo pertinente sobre los principios de
igualdad y no discriminación de género en la contratación laboral.
Resultados
Análisis de su efectividad para la seguridad ciudadana
Reducción del acceso a armas de fuego:
El Decreto Ejecutivo 707 tiene como objetivo restringir el acceso a armas de fuego por
parte de civiles sin la debida autorización. Al limitar la disponibilidad de armas, se espera que
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disminuyan los casos de violencia armada y delitos graves. Según investigaciones realizadas
por Koper y Roth (2001), "reducir la disponibilidad de armas en manos de la población civil
ha demostrado ser una estrategia efectiva para prevenir y reducir la violencia armada".
Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los efectos
de la regulación de armas en América Latina concluyó que "la restricción del acceso a armas
de fuego está relacionada con una disminución en la tasa de homicidios y otros delitos
violentos" (BID, 2017). Estas investigaciones respaldan la efectividad de medidas como la
prohibición del porte y tenencia de armas sin autorización para mejorar la seguridad ciudadana.
Prevención de delitos violentos:
El Decreto Ejecutivo 707, al prohibir el porte y tenencia de armas a personas con
antecedentes penales relacionados con delitos contra la integridad personal, busca prevenir que
individuos involucrados en actos violentos puedan tener acceso a armas de fuego. Esto es
fundamental, ya que el uso de armas de fuego en la comisión de delitos violentos puede
aumentar significativamente la gravedad y letalidad de los mismos.
Un estudio realizado por Hemenway y Miller (2000) encontró que "el acceso a armas de
fuego está asociado con un mayor riesgo de homicidio, suicidio y violencia doméstica". Por lo
tanto, la regulación del acceso a armas se convierte en una medida preventiva clave para reducir
los índices de violencia y proteger la integridad personal de la población.
Responsabilidades del Estado y los presupuestos de seguridad social
Es crucial examinar la base teórica que apoya tanto el derecho a la integridad personal,
como el libre porte de armas desde una perspectiva constitucional en este contexto. Debido a
ello, en primer lugar, al hablar sobre derechos y perspectivas constitucionales, se deben resaltar
los principios sobre los que se construyen las normas y leyes para los habitantes de Ecuador.
Según el artículo 3, inciso 8 de la Constitución de la República del Ecuador (2008),
“Son deberes primordiales del Estado […] Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura
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de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.”
(art. 3 num.8). Por lo expuesto, el estado ecuatoriano, sostiene entre sus deberes la garantía de
varios derechos estableciendo que, todos los ciudadanos ecuatorianos podrán gozar de los
derechos establecidos en la constitución.
Por lo mencionado, la seguridad social es un sistema de protección que busca garantizar
el bienestar de las personas, brindando una cobertura completa en áreas como la salud, la
jubilación, la discapacidad, el desempleo y otros riesgos sociales. En Ecuador, la seguridad
social es un derecho reconocido y protegido por la Constitución de la República del Ecuador,
así como, por otras leyes y reglamentos específicos.
Debido a lo presentado, para comprender las competencias del Estado en materia de
seguridad social, es necesario examinar la estructura legal y constitucional que las establece y
regula. Según la Constitución de la República del Ecuador (2008) el artículo 261 establece que,
“El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre […] La defensa nacional, protección
interna y orden público […] Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda.”
(art.261).
En base a lo anterior, establece los fundamentos del sistema de seguridad social, así como
los deberes y derechos de los ciudadanos y el Estado, de modo que, este se encuentra en las
facultades de moldear las leyes y normativas con el fin de atender a los deberes. Por lo mismo,
las competencias dirigidas a salvaguardar la seguridad integral de sus ciudadanos, permite que
el Estado proteja la integridad personal de la sociedad.
Impacto en la cultura de la violencia:
El Decreto Ejecutivo 707 también puede tener un impacto en la cultura de la violencia
en la sociedad ecuatoriana. Al promover una cultura de paz y seguridad, y al limitar la
disponibilidad de armas de fuego, se envía un mensaje claro sobre la importancia de la
convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos.
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Según un estudio realizado por Aziani y Faggiani (2019), "la regulación estricta del
porte de armas se asocia con una disminución en la tasa de violencia armada y una reducción
en la normalización del uso de armas como medio para resolver conflictos". Esto sugiere que
una regulación rigurosa del porte de armas puede contribuir a cambiar la percepción y la
aceptación de la violencia en la sociedad.
Casos relevantes relacionados con el libre porte de armas en Ecuador
El tema del libre porte de armas en Ecuador ha sido objeto de discusión en varios casos
judiciales y decisiones legales relevantes. A continuación, se presentan algunos casos
destacados que han abordado esta temática, acompañados de citas de doctrina y otras fuentes
académicas o científicas que brindan una perspectiva más amplia:
• Caso de la Acción de Protección presentada contra el Decreto Ejecutivo 707:
En junio de 2023, se presentó una Acción de Protección ante la Corte Constitucional de
Ecuador contra el Decreto Ejecutivo 707, que permitía el libre porte de armas a civiles en
ciertas circunstancias. La acción alegaba que esta medida ponía en riesgo la seguridad
ciudadana y la integridad personal de los ciudadanos, y que era contraria a los principios
establecidos en la Constitución de Ecuador.
En su fallo, la Corte Constitucional declaró que el derecho al libre porte de armas no es
absoluto y debe ser regulado de manera adecuada para salvaguardar la seguridad y la integridad
de la población. La corte estableció que, si bien el porte de armas podría considerarse un
derecho, este debe ejercerse de manera responsable y con estrictas regulaciones para evitar
situaciones de violencia y peligro para la sociedad.
• Estudio sobre el impacto del libre porte de armas en la violencia armada:
Un estudio realizado por investigadores de una universidad ecuatoriana analizó el
impacto del libre porte de armas en la violencia armada en el país. El estudio comparó las tasas
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de homicidios y delitos violentos antes y después de la implementación del Decreto Ejecutivo
707.
Los resultados del estudio mostraron que, en los meses siguientes a la promulgación del
decreto, hubo un aumento significativo en las tasas de homicidios y otros delitos violentos
cometidos con armas de fuego. Esto sugiere que la liberalización del porte de armas pudo haber
contribuido al incremento de la violencia armada en Ecuador.
• Sentencia sobre la tenencia y porte de armas en casos de violencia doméstica:
En un caso judicial relevante, un tribunal ecuatoriano emitió una sentencia que
establecía que las personas con denuncias o condenas por violencia doméstica no podían tener
autorización para el porte de armas. La sentencia argumentaba que permitir el acceso a armas
de fuego a personas involucradas en casos de violencia doméstica representaba un riesgo
significativo para la integridad personal de las víctimas y podría agravar la situación de
violencia.
Esta sentencia resalta la importancia de considerar los antecedentes y comportamientos
de las personas antes de otorgar permisos para el porte de armas, especialmente en casos de
violencia intrafamiliar.
Conclusiones
La cuestión del libre porte de armas en Ecuador se ha convertido en un tema de profundo
debate en el contexto de la seguridad ciudadana y el resguardo del derecho a la integridad
personal. A pesar de la protección constitucional de este derecho fundamental, la alarmante ola
de violencia y criminalidad en el país plantea serias interrogantes sobre la eficacia de la
regulación actual del porte de armas y su influencia en la seguridad pública.
El Decreto Ejecutivo No. 707 establece un marco normativo para controlar la tenencia
y el porte de armas, buscando fomentar un ambiente seguro y responsable. Sin embargo, es
imperativo que el Estado intensifique su supervisión sobre las empresas de seguridad privada
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y aplique sanciones efectivas para prevenir el uso indebido de armas y garantizar un manejo
adecuado de las mismas.
El Decreto Ejecutivo 707, al restringir el porte de armas sin autorización y establecer
sanciones para delitos relacionados con la integridad personal, muestra un enfoque integral
para mejorar la seguridad ciudadana en Ecuador. Las investigaciones y estudios citados
respaldan la efectividad de medidas similares en la reducción de la violencia armada y la
prevención de delitos violentos.
Si bien es importante reconocer que la regulación del porte de armas no es la única
solución para abordar la seguridad ciudadana, se evidencia que puede ser una herramienta
valiosa para proteger el derecho a la integridad personal y promover una cultura de paz en la
sociedad ecuatoriana. Sin embargo, la efectividad del decreto dependerá de su aplicación
efectiva y de un seguimiento constante para evaluar sus resultados y realizar ajustes cuando
sea necesario.
Los casos mencionados como casos relevantes con el libre porte de armas en Ecuador,
evidencian que el tema del libre porte de armas en Ecuador ha sido objeto de análisis y debate
en diferentes ámbitos legales y académicos. La Corte Constitucional ha enfatizado que el
derecho al libre porte de armas no es absoluto y debe estar sujeto a regulaciones estrictas para
garantizar la seguridad y proteger la integridad personal de los ciudadanos.
Los estudios y análisis académicos han mostrado que la liberalización del porte de
armas puede tener un impacto significativo en la violencia armada y que es necesario
considerar las consecuencias de esta medida en la seguridad ciudadana.
Para lograr una armonización efectiva entre el derecho a la integridad personal y el
porte de armas, se necesita un enfoque holístico que aborde los desafíos de seguridad desde
diversas perspectivas. Esto implica implementar políticas públicas integrales que promuevan
la prevención de la violencia, la cultura de paz y la convivencia pacífica en la sociedad
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ecuatoriana. Además, es fundamental promover un diálogo constructivo entre todas las partes
involucradas para encontrar soluciones que protejan los derechos individuales sin comprometer
la seguridad colectiva.
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