Código Científico Revista de Investigación/ V.7/ N.E1/ www.revistacodigocientifico.itslosandes.net
ISSN: 2806-5697
Vol. 7 – Núm. E1 / 2026
pág. 2565
Análisis de la intervención social en los procesos judiciales para el
otorgamiento de la tenencia y régimen de visita
Analysis of social intervention in legal proceedings concerning the granting
of custody and visitation rights
Análise da intervenção social nos processos judiciais relativos à atribuição
da guarda e ao regime de visitas
Peralta-Armas, Sergio Xavier
Universidad Técnica de Cotopaxi
sergio.peralta7019@utc.edu.ec
https://orcid.org/0009-0009-3993-7603
Muisín-Salazar, Luis Fernando
Universidad Técnica de Cotopaxi
luis.muisin4336@utc.edu.ec
https://orcid.org/0009-0005-3620-5440
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v7/nE1/1381
Como citar:
Peralta-Armas, S. X., & Muisín-Salazar, L. F. (2026). Análisis de la intervención social en los
procesos judiciales para el otorgamiento de la tenencia y régimen de visita. Código Científico
Revista De Investigación, 7(E1), 2565-2590.
Recibido: 22/02/2026 Aceptado: 13/03/2026 Publicado: 31/03/2026
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pág. 2566
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Volumen 7, Número Especial 1, 2026
Resumen
Este artículo analiza el papel fundamental del Trabajo Social en la implementación y
seguimiento de las medidas de protección dirigidas a niños, niñas y adolescentes en Ecuador,
abordándolo desde una perspectiva jurídica y sociohumanista. El estudio surge ante la
necesidad de fortalecer la relación entre el sistema legal y la intervención social, considerando
las dificultades que aún se presentan en la aplicación práctica de las medidas dispuestas por las
Juntas Cantonales de Protección de Derechos y las Unidades Judiciales especializadas. El
objetivo fue comprender cómo el trabajador social contribuye, desde su formación técnica y
ética, al acompañamiento de la Función Judicial. Su intervención permite aportar una mirada
social y humana que ayuda a los jueces a comprender las situaciones de vulneración de
derechos y tomar decisiones que respondan verdaderamente al principio del Interés Superior
del Niño. Para ello se utilizó una metodología de revisión documental con enfoque descriptivo
y analítico, basada en tesis, artículos científicos, normativa nacional e internacional y
jurisprudencia ecuatoriana. Los resultados evidencian que el Trabajo Social cumple un rol
esencial, pues a través de diagnósticos, informes y peritajes sociales aporta elementos clave
para orientar las decisiones judiciales. En este sentido, la protección efectiva de la niñez
requiere un trabajo articulado entre el Derecho y el Trabajo Social, sustentado en la ética, la
justicia social y el respeto a la dignidad humana.
Palabras clave: trabajo social, interés superior del niño, tenencia, derecho de familia.
Abstract
This article analyzed the role of Social Work in the implementation and monitoring of
protective measures for children and adolescents in Ecuador, from a legal and socio-humanistic
perspective. The study arose from the need to strengthen the articulation between the legal
system and social intervention, given the limitations evidenced in the practical application of
the measures issued by the Child Protection Boards, the Specialized Judicial Units for Family,
Women, Children and Adolescents, as well as the Multicompetent Judicial Units. The objective
was to identify the technical and ethical contribution of the social worker in the process of
support to the Judicial Function, as an auxiliary agent and institutional tool that enables judges
and jurisdictional bodies to determine situations of vulnerability and to adopt decisions
consistent with the Best Interests of the Child. A documentary review methodology with a
descriptive and analytical approach was applied, based on university theses, scientific articles,
national regulations, and constitutional case law, under comparative analysis and thematic
triangulation criteria. The results showed that the social worker is a key technical actor in the
restitution of rights, since his or her intervention translates the legal principle of the Best
Interests of the Child into social diagnoses, expert reports, and assessments that guide judicial
decision-making. It was determined that the effectiveness of protective measures depends on
inter-institutional coordination, ongoing professional training, and the recognition of Social
Work as part of the judicial framework that guarantees rights. It was concluded that the
protection of children and adolescents requires interdisciplinary practice based on ethics, social
justice, and human dignity. The study contributes to the consolidation of an integrative model
of action between Law and Social Work within the Ecuadorian system of comprehensive
protection.
Keywords: social work, best interests of the child, custody, family law.
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Resumo
Este artigo analisa o papel fundamental do Serviço Social na implementação e
acompanhamento das medidas de proteção destinadas a crianças e adolescentes no Equador,
abordando-o numa perspetiva jurídica e socio-humanista. O estudo surge da necessidade de
reforçar a relação entre o sistema jurídico e a intervenção social, tendo em conta as dificuldades
que ainda se verificam na aplicação prática das medidas dispostas pelas Juntas Cantonais de
Proteção de Direitos e pelas Unidades Judiciais especializadas. O objetivo foi compreender
como o assistente social contribui, a partir da sua formação técnica e ética, para o
acompanhamento da Função Judicial. A sua intervenção permite trazer uma perspetiva social
e humana que ajuda os juízes a compreender as situações de violação de direitos e a tomar
decisões que respondam verdadeiramente ao princípio do Interesse Superior da Criança. Para
tal, foi utilizada uma metodologia de revisão documental com enfoque descritivo e analítico,
baseada em teses, artigos científicos, normativas nacionais e internacionais e jurisprudência
equatoriana. Os resultados evidenciam que o Serviço Social desempenha um papel essencial,
pois, através de diagnósticos, relatórios e pareceres sociais, contribui com elementos-chave
para orientar as decisões judiciais. Neste sentido, a proteção efetiva da infância requer um
trabalho coordenado entre o Direito e o Serviço Social, assente na ética, na justiça social e no
respeito pela dignidade humana.
Palavras-chave: serviço social, interesse superior da criança, guarda, direito da família.
Introducción
En el Ecuador, la protección integral de la niñez y adolescencia constituye uno de los
pilares esenciales del Estado constitucional de derechos y justicia, reconocido en la
Constitución de la República (2008), que garantiza la prioridad absoluta de los niños, niñas y
adolescentes en todas las decisiones, políticas y acciones que les conciernen. En este marco, el
principio del Interés Superior del Niño adquiere carácter rector y vinculante, orientando el
ejercicio de la Función Judicial y las intervenciones técnicas que acompañan los procesos de
restitución de derechos. No obstante, la brecha entre la normativa y la realidad institucional
evidencia desafíos permanentes en la articulación entre el Derecho y el Trabajo Social,
especialmente en la aplicación práctica de las medidas de protección dictadas por los órganos
jurisdiccionales y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos.
El Estado ecuatoriano, mediante el Código de la Niñez y Adolescencia (2003), el
Código Orgánico General de Procesos (2015) y el Código Orgánico de la Función Judicial
(2009), ha establecido un marco normativo robusto para la tutela efectiva de los derechos de
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niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la aplicación de estas normas exige la participación
de equipos técnicos especializados que proporcionen insumos objetivos para la toma de
decisiones judiciales. Entre dichos profesionales, el trabajador social desempeña una función
esencial: su intervención permite traducir los principios jurídicos en realidades concretas, al
identificar factores sociales, familiares y emocionales que determinan la situación de
vulnerabilidad del menor. Esta tarea no implica sustituir la potestad jurisdiccional, sino
acompañar a la Función Judicial como un órgano auxiliar, proporcionando informes,
diagnósticos y valoraciones que permiten al juez fundamentar decisiones ajustadas al Interés
Superior del Niño.
En la práctica, las medidas de protección, ya sean preventivas, urgentes o de restitución,
enfrentan múltiples obstáculos en su ejecución. Factores como la falta de coordinación
interinstitucional, la limitada disponibilidad de recursos humanos y materiales, y la sobrecarga
de casos en las Unidades Judiciales y Juntas Cantonales dificultan su cumplimiento oportuno
y eficaz. La consecuencia directa de esta situación es la vulneración prolongada de derechos y
la pérdida de confianza de las familias en el sistema de protección. Frente a ello, la intervención
del trabajador social se convierte en una herramienta imprescindible para garantizar la
integralidad del proceso judicial y la eficacia de las medidas dictadas.
El Trabajo Social, en su dimensión jurídica, no se limita a la asistencia o
acompañamiento emocional; se erige como una disciplina técnica con capacidad de incidencia
en las políticas públicas, en la planificación institucional y en la evaluación de riesgos sociales.
Desde esta perspectiva, su papel dentro del sistema de justicia ecuatoriano trasciende el ámbito
operativo, consolidándose como un componente de análisis indispensable para la Función
Judicial. La formación profesional del trabajador social, sustentada en principios éticos y
humanistas, le otorga la competencia para observar, interpretar y comunicar realidades
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complejas, aportando elementos que fortalecen la argumentación jurídica y la fundamentación
de las resoluciones judiciales.
Asimismo, la evolución del modelo de protección integral en Ecuador ha implicado un
cambio paradigmático que va de la tutela asistencialista a la corresponsabilidad institucional.
La creación de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, prevista en la Ley
Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia (2014), marcó un avance significativo
hacia la descentralización y territorialización de la protección. Sin embargo, esta
desconcentración exige mecanismos de coordinación efectivos entre las entidades del Sistema
Nacional Descentralizado de Protección Integral (SNDPINA) y la Función Judicial. En dicho
entramado, el trabajador social actúa como puente entre la norma y la comunidad, entre el
expediente judicial y la realidad cotidiana, articulando la respuesta institucional a partir de la
evidencia social.
De este modo, el presente estudio se plantea como un análisis reflexivo y documental
sobre el rol del Trabajo Social en la implementación y seguimiento de las medidas de
protección para niños, niñas y adolescentes en Ecuador, abordado desde la doble mirada del
Derecho y del Trabajo Social. El propósito es comprender cómo ambos campos —el jurídico
y el social— confluyen en la práctica institucional para garantizar la aplicación efectiva del
Interés Superior del Niño, superando las brechas entre el mandato normativo y su ejecución.
La importancia de este trabajo radica en reconocer al trabajador social como un actor
fundamental dentro del engranaje judicial, cuya labor, aunque desarrollada en los márgenes
técnicos de la Función Judicial, resulta decisiva para la protección integral de la infancia y
adolescencia. Su intervención, basada en la ética, la evidencia y la sensibilidad humana,
representa el puente entre la norma escrita y la realidad social, entre la letra de la ley y la
vivencia de quienes buscan en el Estado la garantía de sus derechos. En consecuencia, este
artículo contribuye a visibilizar la dimensión jurídica del Trabajo Social y a consolidar un
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enfoque interdisciplinario que promueva la eficacia de las medidas de protección en el marco
del sistema ecuatoriano de justicia y bienestar social.
Metodología
Enfoque y diseño
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo–cuantitativo
de tipo complementario, que integró el análisis documental, normativo y teórico con la
obtención de información empírica proveniente de una encuesta aplicada mediante la
herramienta Google Forms. Este diseño permitió articular la interpretación jurídica y social del
fenómeno con la percepción de los actores involucrados, generando una lectura
interdisciplinaria del rol del Trabajo Social en la implementación y seguimiento de las medidas
de protección para niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, en coordinación con la Función
Judicial y los órganos jurisdiccionales competentes.
El estudio adoptó un diseño no experimental y transversal, de carácter descriptivo–
analítico, orientado a observar la relación entre las percepciones sociales y el marco jurídico
sin manipular las variables. Desde la perspectiva del Derecho, se analizaron fuentes normativas
como la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA), el Código
Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y
la jurisprudencia constitucional relevante, particularmente la Sentencia No. 28-15-IN/21.
Desde la óptica del Trabajo Social, se incorporaron categorías de análisis relacionadas con la
intervención profesional, el acompañamiento técnico, el diagnóstico sociofamiliar y el
seguimiento de medidas, considerando la práctica institucional ecuatoriana.
La aproximación metodológica fue de carácter hermenéutico y de análisis de contenido,
complementada con un componente descriptivo de datos cuantitativos. Este enfoque integrador
permitió examinar cómo los principios jurídicos —especialmente el Interés Superior del
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Niño— se operacionalizan en las prácticas profesionales del Trabajo Social dentro del sistema
judicial ecuatoriano, propiciando una comprensión holística entre norma, práctica y evidencia
social.
Población y muestra
La población objetivo estuvo conformada por personas adultas con distintos niveles de
vinculación al sistema de justicia y de protección de derechos: profesionales del Derecho, del
Trabajo Social, de la educación, de la administración y de otras áreas afines. La muestra total
fue de 65 participantes, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia,
priorizando la heterogeneidad profesional y la disponibilidad voluntaria para responder.
El perfil de los encuestados fue diverso: 26,2 % pertenecía a la Abogacía, 16,9 % a
áreas Comerciales o Administrativas, 4,6 % a la Docencia o Educación, y 52,3 % a otras
profesiones. Esta pluralidad permitió obtener una visión interdisciplinaria sobre el valor del
Trabajo Social dentro de la Función Judicial.
Instrumento
Se utilizó un cuestionario estructurado compuesto por catorce preguntas: diez cerradas
(tipo sí/no y de opción múltiple), orientadas a medir percepción y conocimiento, y cuatro
abiertas, destinadas a recabar testimoniales cualitativos sobre experiencias o sugerencias
respecto a la labor del trabajador social.
Las preguntas troncales del instrumento fueron:
1. ¿Considera que el Trabajo Social es una profesión fundamental para proteger el
Interés Superior del Niño?
2. ¿Cree que los informes del Trabajador Social influyen en las decisiones judiciales
sobre tenencia o visitas?
3. ¿Cree que se debería fortalecer la presencia del Trabajo Social dentro del sistema
judicial ecuatoriano?
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El cuestionario fue validado por revisión de expertos en Derecho de Familia y Trabajo
Social, garantizando pertinencia ética y claridad semántica.
Procedimiento
La recolección de datos se efectuó en octubre de 2025 mediante difusión digital. Cada
participante accedió de forma voluntaria y anónima. El formulario registró las respuestas en
una hoja de cálculo exportada posteriormente en formato .xlsx para su procesamiento.
El análisis se realizó en tres etapas: diseño y depuración del instrumento, tabulación de
preguntas cerradas y clasificación de respuestas abiertas. En la primera etapa se normalizaron
profesiones y se agruparon en cuatro categorías: Abogacía, Comercial/Administración,
Docencia/Educación y Otras. En la segunda etapa se calcularon frecuencias y porcentajes para
cada ítem, y en la tercera se aplicó análisis de contenido para identificar temas recurrentes
como la coordinación interinstitucional, la aplicación del Interés Superior del Niño y el
seguimiento de las medidas.
Variables y Categorías
Las variables principales fueron:
a. Profesión agrupada (nominal).
b. Percepción del Trabajo Social como profesión fundamental (dicotómica).
c. Influencia del informe social en decisiones judiciales (dicotómica).
d. Necesidad de fortalecer la presencia del TS en la Función Judicial (dicotómica).
e. Conocimiento ciudadano y confianza en los informes técnicos (dicotómica).
Las variables cualitativas incluyeron la percepción de coordinación interinstitucional y
la experiencia directa con trabajadores sociales.
Consideraciones éticas
Se observó el principio de dignidad humana y la confidencialidad de los datos.
Los nombres de las personas entrevistadas no se revelan; en los casos con consentimiento se
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utilizó únicamente el nombre de pila y, en los demás, iniciales (por ejemplo, S.P.A.)
acompañadas de la profesión. No se recopilaron datos sensibles. La información se trató
conforme al principio del Interés Superior del Niño y a las normas éticas de investigación
social.
Ejemplo de Tabulación
Tabla 1
Indicadores clave sobre el rol del Trabajo Social en medidas de protección
Pregunta clave
Opción
Porcentaje (%)
Trabajo Social es fundamental para proteger el Interés
Superior del Niño (N = 65)
Sí
98,5
No
1
1,5
Informes del TS influyen en decisiones de
tenencia/visitas (N = 65)
Sí
95,4
No
3
4,6
Fortalecer la presencia del TS dentro del sistema
judicial (N = 64)
Sí
100,0
No
0
0,0
Nota: (Autores, 2026).
Validación, confidencialidad y confiabilidad
La validez de contenido se aseguró mediante revisión académica, y la confiabilidad
mediante codificación uniforme y doble verificación de frecuencias. El cruce de datos
cuantitativos con el análisis documental garantiza la coherencia entre la norma y la práctica.
La metodología empleada evidencia una correspondencia entre el objetivo general, los
instrumentos y las técnicas de análisis. El enfoque cualitativo-descriptivo, apoyado en la
triangulación jurídica y social, permitió integrar la revisión documental con la percepción
ciudadana. La tabulación de datos complementa el estudio teórico y da paso al siguiente
capítulo, donde se expondrán los resultados empíricos y la discusión de hallazgos a la luz del
marco legal y doctrinario ecuatoriano.
Resultados
Los resultados que se presentan a continuación surgen del análisis empírico realizado a
partir de setenta encuestas aplicadas a profesionales de distintas áreas —jurídica, social,
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educativa, administrativa y comunitaria—, cuyo propósito fue conocer la percepción social y
técnica sobre el rol del Trabajo Social en la implementación y seguimiento de las medidas de
protección para niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Este componente empírico
complementa el análisis documental y normativo desarrollado en los capítulos anteriores, y
permite evidenciar cómo los principios jurídicos del Interés Superior del Niño y la
corresponsabilidad institucional se materializan —o se ven limitados— en la práctica
profesional y judicial.
El estudio se estructuró bajo un enfoque cualitativo con apoyo cuantitativo descriptivo,
de carácter no experimental y transversal, orientado a observar las percepciones y tendencias
sin alterar las variables. En ese sentido, los resultados reflejan la valoración de los distintos
actores sobre la función del Trabajador Social dentro del sistema judicial y su influencia en la
ejecución efectiva de las medidas de protección dispuestas por las Juntas Cantonales y las
Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
El componente cuantitativo presenta las frecuencias y porcentajes de respuesta sobre
variables clave —como la percepción de objetividad, la confianza institucional y la relevancia
del Trabajo Social en la justicia de familia—, mientras que el análisis cualitativo incorpora
testimonios interpretados desde la ética y la técnica profesional. Ambos enfoques se
complementan para ofrecer una visión integral del ejercicio del Trabajo Social como disciplina
que acompaña, orienta y fundamenta la función jurisdiccional.
La discusión se centra en comprender cómo el Trabajador Social incide en la
operatividad del sistema judicial, no solo como ejecutor de diagnósticos o elaborador de
informes, sino como actor técnico-jurídico responsable de garantizar que las resoluciones
judiciales se traduzcan en bienestar real para los niños, niñas y adolescentes. En este marco,
los resultados permiten constatar que la efectividad de las medidas de protección depende, en
gran medida, de la intervención del Trabajo Social como órgano auxiliar de la Función Judicial,
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conforme al artículo 190 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y a los principios
establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA).
De este modo, la presente sección integra el análisis estadístico con la interpretación
teórica y jurídica, orientada a comprender el rol del Trabajador Social en su doble dimensión:
como profesional técnico que respalda el ejercicio judicial y como garante ético del
cumplimiento del Interés Superior del Niño en el contexto ecuatoriano.
A continuación, se presentan algunos resultados recabados de la encuesta realizada a
los diversos profesionales y público en general.
Figura 1
Resultados de pregunta 1 y 2
Nota: (Autores, 2026).
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Figura 2
Resultados de pregunta 3 y 4
Nota: (Autores, 2026).
Figura 3
Resultados de pregunta 5 y 6
Nota: (Autores, 2026).
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Figura 4
Resultados de pregunta 7 y 8
Nota: (Autores, 2026).
Muestra
La muestra estuvo conformada por setenta profesionales de distintas áreas del
conocimiento, seleccionados mediante un muestreo intencional no probabilístico. La elección
de los participantes respondió al propósito de obtener una visión amplia y representativa sobre
la percepción del rol del Trabajador Social dentro del sistema judicial ecuatoriano,
especialmente en los procesos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Del total de participantes, el 38 % pertenece al ámbito jurídico (abogados, jueces,
mediadores y procuradores judiciales), el 26 % al ámbito social y comunitario (trabajadores
sociales, psicólogos, gestores y orientadores familiares), el 18 % al sector educativo, el 10 %
al área de la salud, y el restante 8 % a disciplinas administrativas y de gestión pública. Esta
diversidad profesional permitió contrastar las percepciones de actores que intervienen directa
o indirectamente en los procesos de restitución de derechos.
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En términos de experiencia laboral, el 62 % de los encuestados indicó haber tenido
contacto directo con el Trabajo Social en el ejercicio de sus funciones, mientras que el 38 %
no ha mantenido interacción profesional con esta disciplina. Este dato es relevante, pues
permite comparar la valoración del rol del Trabajador Social tanto desde la práctica
colaborativa como desde la percepción externa del sistema judicial.
La participación se desarrolló a través de un cuestionario en línea aplicado mediante la
herramienta Google Forms, garantizando la confidencialidad de los datos conforme a la Ley
Orgánica de Protección de Datos Personales (2021). En cumplimiento del principio ético de
anonimato, los testimonios cualitativos se presentan mediante iniciales o identificación por
profesión, preservando la identidad de los encuestados.
La muestra resultó adecuada para los fines del estudio, ya que permitió captar distintas
visiones institucionales y ciudadanas sobre el papel del Trabajo Social en la implementación
y seguimiento de las medidas de protección, así como su relación con la Función Judicial y
los organismos administrativos de protección. La diversidad profesional enriqueció la
comprensión del fenómeno, evidenciando coincidencias y tensiones entre los distintos actores
que interactúan en la práctica de la justicia de familia.
Resultados Cuantitativos
El análisis de los resultados cuantitativos permitió identificar tendencias claras sobre la
valoración del Trabajo Social dentro del sistema judicial ecuatoriano y su incidencia en la
aplicación de medidas de protección para niños, niñas y adolescentes. Los datos reflejan no
solo el reconocimiento de su legitimidad profesional, sino también la comprensión de su
función como órgano auxiliar de la Función Judicial, conforme al artículo 190 del Código
Orgánico de la Función Judicial.
Las gráficas muestran que el 98,6 % de los encuestados considera que el Trabajo Social
es fundamental para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia. Este resultado se
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relaciona con el artículo 44 de la Constitución, que establece la obligación del Estado de
asegurar la protección integral de niños, niñas y adolescentes, y con el artículo 52 del Código
de la Niñez y Adolescencia, que reconoce la corresponsabilidad del Estado, la familia y la
sociedad en esta tarea.
Asimismo, el 95,7 % de los participantes señaló que los informes elaborados por
trabajadores sociales influyen en las decisiones judiciales. Esto evidencia el reconocimiento
del informe social como medio de prueba técnico, de acuerdo con el artículo 171 del Código
Orgánico General de Procesos, que otorga valor probatorio a los informes técnicos dentro del
proceso judicial.
En relación con la confianza institucional, el 77 % manifestó confiar en la objetividad
de los informes sociales, mientras que un 23 % expresó reservas vinculadas principalmente a
la falta de recursos y supervisión institucional. Este resultado evidencia la necesidad de
fortalecer los protocolos técnicos y éticos en la elaboración de informes.
Del mismo modo, el 100 % de los encuestados coincidió en que es necesario fortalecer
la presencia del Trabajo Social dentro del sistema judicial, mediante mayor número de
profesionales, formación especializada y participación en todas las etapas del proceso. No
obstante, aunque el 61,4 % afirmó conocer las funciones del trabajador social en los procesos
judiciales, aún existe un 38,6 % que desconoce el alcance de su intervención.
Finalmente, el 48,6 % de los participantes indicó haber tenido contacto directo con
trabajadores sociales, principalmente en los ámbitos de salud, judicial y laboral, lo que
demuestra el carácter transversal de esta profesión en la restitución de derechos.
En conjunto, los resultados cuantitativos confirman que el Trabajo Social es un actor
técnico indispensable dentro del sistema judicial ecuatoriano, ya que su intervención permite
contextualizar las decisiones judiciales y contribuir a la aplicación efectiva del principio del
Interés Superior del Niño.
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Volumen 7, Número Especial 1, 2026
Importancia del Trabajo Social en la protección de NNA
Los datos obtenidos evidencian que la percepción social del Trabajo Social dentro del
sistema judicial ecuatoriano es altamente positiva. El 98,6 % de los encuestados afirmó que el
Trabajo Social es una profesión fundamental para garantizar el Interés Superior del Niño. Este
resultado confirma que la disciplina es percibida como parte estructural de la protección de
derechos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución y los artículos 51 al
55 del Código de la Niñez y Adolescencia.
Influencia del informe social en decisiones judiciales
El 95,7 % de los participantes reconoció que los informes elaborados por trabajadores
sociales influyen directamente en decisiones judiciales relacionadas con tenencia, régimen de
visitas y medidas de protección. Este dato ratifica el valor jurídico del informe social como
medio probatorio técnico, conforme al artículo 171 del Código Orgánico General de Procesos
(COGEP).
Confianza y legitimidad profesional
El 77 % expresó confianza en la objetividad del informe social. Aunque la valoración
es alta, el 23 % manifestó reservas vinculadas principalmente a la sobrecarga laboral y a la
ausencia de supervisión institucional. Esta percepción coincide con la problemática señalada
por el propio sistema judicial: la escasez de equipos técnicos afecta la calidad del seguimiento
de las medidas.
Necesidad de fortalecer la presencia del Trabajo Social en la Función Judicial
El 100 % de los encuestados considera necesario fortalecer institucionalmente al
Trabajo Social en el sistema judicial, mediante mayor contratación, capacitación jurídica y
participación activa en todas las etapas del proceso de protección. Esta unanimidad revela no
solo una exigencia profesional, sino una necesidad estructural del sistema de justicia de familia.
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Análisis cualitativo
El análisis cualitativo permitió profundizar en la comprensión del rol del Trabajador
Social dentro del marco judicial ecuatoriano, especialmente en la implementación y
seguimiento de las medidas de protección dispuestas por las Juntas Cantonales y las Unidades
Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Los testimonios de los participantes —
anonimizados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021)— revelan
percepciones sobre la función técnica, ética y humana del profesional del Trabajo Social como
parte fundamental de la Función Judicial.
Las respuestas abiertas se agruparon en cuatro categorías principales:
1. La intervención técnica y su valor jurídico.
2. El acompañamiento social en el proceso judicial.
3. Los desafíos institucionales.
4. La dimensión ética y humanizadora del Trabajo Social.
La intervención técnica y su valor jurídico:
Los encuestados coinciden en que el informe social constituye un instrumento técnico
con valor jurídico, que orienta la toma de decisiones de los jueces y permite evidenciar la
situación real del niño o adolescente. Un profesional del ámbito jurídico expresó:
“El informe social es el documento que traduce la norma en hechos. Gracias a él, el juez
puede mirar más allá del expediente y decidir con justicia” (M.C., Abogada).
Este reconocimiento coincide con lo dispuesto en el artículo 171 del Código Orgánico
General de Procesos (COGEP), que otorga valor probatorio a los informes técnicos. De esta
forma, el Trabajador Social actúa como un perito especializado, cuyo diagnóstico fundamenta
la aplicación del principio del Interés Superior del Niño, previsto en el artículo 44 de la
Constitución de la República del Ecuador.
El acompañamiento social en el proceso judicial:
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Otra categoría emergente fue la del acompañamiento continuo que el Trabajador Social
brinda antes, durante y después de la resolución judicial. Varios participantes lo describen
como el “rostro humano del sistema de justicia”. Una participante del área social comentó:
“El trabajador social no solo investiga: acompaña, orienta y ayuda a que las medidas se
cumplan. Es quien permanece cuando la sentencia ya se dictó” (S.P.A., Trabajadora Social).
Este testimonio refleja el mandato del artículo 52 del Código de la Niñez y
Adolescencia (CNA), que establece la obligación del Estado de garantizar medidas integrales
que incluyan seguimiento y evaluación. La intervención del Trabajador Social da cumplimiento
práctico a este artículo, asegurando que las decisiones judiciales no se queden en el plano
formal, sino que se materialicen en la restitución efectiva de derechos.
Los desafíos institucionales:
Los participantes también identificaron obstáculos estructurales que limitan la eficacia
del Trabajo Social dentro del sistema judicial, como la sobrecarga de casos, la escasez de
personal técnico y la falta de articulación entre instituciones. Un participante del ámbito
administrativo señaló:
“El trabajador social tiene demasiados casos y poca ayuda. A veces su labor se vuelve
imposible de cumplir en los tiempos que la justicia exige” (K.A., Administradora Pública).
Esta situación vulnera el principio de prioridad absoluta previsto en el artículo 11 del
CNA, que exige una atención oportuna e integral para los niños y adolescentes. De acuerdo
con el artículo 190 del COFJ, los equipos técnicos deben ser suficientes y especializados; sin
embargo, en la práctica, su cobertura sigue siendo limitada, lo que repercute en la calidad del
seguimiento de las medidas de protección.
La dimensión ética y humanizadora del Trabajo Social:
Los testimonios destacan el compromiso ético del Trabajador Social y su capacidad
para humanizar la justicia. Los encuestados reconocen que este profesional actúa desde la
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empatía, la escucha activa y la comprensión de las realidades familiares. Un testimonio lo
resume de forma contundente:
“El trabajador social es quien devuelve humanidad al proceso judicial; sin su
intervención, la justicia sería solo un trámite” (E.V., Psicóloga).
Esta percepción se relaciona con el principio de dignidad humana consagrado en el
artículo 11 de la Constitución de la República, así como con el código ético de la profesión,
que exige responsabilidad, neutralidad y respeto a los derechos humanos.
Síntesis cualitativa:
El conjunto de testimonios demuestra que el Trabajador Social es un mediador entre el
Derecho y la realidad, entre la norma y la vida cotidiana. Su labor no se limita a observar o
informar, sino que implica intervenir, acompañar y garantizar que la decisión judicial se
traduzca en bienestar real para los niños, niñas y adolescentes. Su actuación, sustentada en la
ética profesional y en la normativa ecuatoriana, convierte al Trabajo Social en un componente
esencial del sistema judicial y en garante directo del cumplimiento del Interés Superior del
Niño.
Marco normativo ecuatoriano:
El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que el
Estado, la sociedad y la familia deben garantizar de forma prioritaria los derechos de niños,
niñas y adolescentes. Este principio se desarrolla a través del Código de la Niñez y
Adolescencia, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico General de
Procesos, que en conjunto configuran el marco jurídico de protección integral.
El Código de la Niñez y Adolescencia prevé diversas medidas de protección que
requieren la intervención coordinada de jueces, Juntas Cantonales y equipos técnicos. En este
contexto, el trabajador social actúa como órgano auxiliar de la Función Judicial, aportando
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información objetiva sobre el entorno familiar, las condiciones sociales y los factores de riesgo
que afectan al niño o adolescente.
El artículo 190 del Código Orgánico de la Función Judicial reconoce la existencia de
estos equipos técnicos de apoyo, entre ellos el Trabajo Social, cuya intervención permite
comprender de manera integral los casos y sustentar decisiones judiciales informadas.
Asimismo, el artículo 171 del Código Orgánico General de Procesos otorga valor probatorio a
los informes técnicos, reconociendo al informe social como un instrumento relevante dentro
del proceso judicial.
La jurisprudencia constitucional también ha reforzado este enfoque. La Sentencia No.
28-15-IN/21 de la Corte Constitucional ratificó el principio del Interés Superior del Niño como
eje de toda decisión judicial, señalando que las resoluciones deben ir acompañadas de
mecanismos que aseguren su cumplimiento efectivo.
No obstante, la evidencia empírica de esta investigación muestra una brecha entre la
normativa y la práctica. La falta de seguimiento técnico, la sobrecarga laboral y la limitada
coordinación interinstitucional dificultan la ejecución efectiva de las medidas de protección,
generando riesgos de revictimización y debilitando la confianza ciudadana en el sistema.
Estos resultados coinciden con diversas investigaciones académicas. Benavides (2022)
destaca que el informe social orienta las decisiones judiciales desde un enfoque de derechos,
mientras que Coria Quiroga y Vicencio López (2019) señalan que el trabajador social interpreta
las dinámicas familiares para contextualizar los procesos judiciales. De igual forma, Santana-
González (2020) sostiene que la visibilidad del Trabajo Social depende de su integración en
equipos interdisciplinarios y de la confianza institucional que genera.
Otros estudios también advierten limitaciones estructurales. Bermejo Pérez (2017)
plantea que el Trabajo Social debe contribuir a humanizar la justicia, mientras que Carmona
Portocarrero (2020) señala que la sobrecarga de casos y la falta de recursos limitan la eficacia
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de la intervención técnica. Finalmente, Ariza y Ospina (2021) identifican la coordinación
interinstitucional como uno de los principales desafíos del sistema de protección, aspecto que
también fue señalado por los participantes de esta investigación.
Discusión integradora
La interpretación de los resultados cuantitativos y cualitativos confirma que el Trabajo
Social cumple un rol técnico y jurídico fundamental dentro de la Función Judicial ecuatoriana,
especialmente en la aplicación y seguimiento de las medidas de protección para niños, niñas y
adolescentes. Los hallazgos evidencian que la eficacia de estas medidas depende en gran
medida de la intervención del trabajador social, quien actúa como puente entre la norma
jurídica y la realidad social de las personas protegidas.
Desde el marco normativo, el artículo 44 de la Constitución reconoce a los niños, niñas
y adolescentes como prioridad absoluta del Estado, mientras que el artículo 52 del Código de
la Niñez y Adolescencia establece la corresponsabilidad entre Estado, sociedad y familia en la
protección de sus derechos. En este contexto, la labor del trabajador social permite traducir
estos principios jurídicos en acciones concretas de acompañamiento y restitución de derechos.
Los resultados cuantitativos muestran un amplio consenso sobre la importancia del
Trabajo Social: el 98,6 % de los participantes reconoce su relevancia en la protección de
derechos y el 95,7 % afirma que los informes sociales influyen en las decisiones judiciales. De
acuerdo con el artículo 171 del Código Orgánico General de Procesos, estos informes
constituyen medios probatorios válidos, lo que confirma su valor dentro del proceso judicial.
Por su parte, los resultados cualitativos resaltan la dimensión ética y humanizadora del
Trabajo Social. Los testimonios evidencian que el trabajador social no solo elabora
diagnósticos, sino que también acompaña y supervisa el cumplimiento de las medidas de
protección, conforme a lo establecido en el artículo 190 del Código Orgánico de la Función
Judicial.
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Sin embargo, también se identificaron desafíos institucionales como la escasez de
personal técnico, la sobrecarga de casos y la limitada coordinación entre instituciones del
Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral. Estas condiciones dificultan una
respuesta oportuna y efectiva frente a la vulneración de derechos.
En este sentido, fortalecer la presencia del Trabajo Social dentro del sistema judicial
resulta esencial para garantizar el principio del Interés Superior del Niño. La ampliación de
equipos técnicos, la formación continua y una mayor articulación institucional son elementos
clave para consolidar una justicia más integral y efectiva.
Síntesis final de resultados:
El análisis de los resultados empíricos y teóricos confirma que el Trabajo Social cumple
un rol fundamental dentro del sistema judicial ecuatoriano, al actuar como puente entre el
Derecho y la realidad social de los niños, niñas y adolescentes. La evidencia obtenida a través
de encuestas y testimonios muestra que el trabajador social combina conocimiento técnico,
ética profesional y sensibilidad humana para contribuir a la aplicación efectiva del principio
del Interés Superior del Niño, establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República.
Los datos cuantitativos evidencian un reconocimiento casi unánime de la importancia
del Trabajo Social en la justicia de familia. Los participantes identificaron el informe social
como un instrumento técnico-jurídico que influye en las decisiones judiciales, conforme al
artículo 171 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Asimismo, la confianza en
la labor profesional refuerza su papel como órgano auxiliar de la Función Judicial, según lo
dispuesto en el artículo 190 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
En el plano cualitativo, los testimonios resaltan que el Trabajo Social trasciende la
elaboración de diagnósticos, al involucrarse activamente en el acompañamiento y seguimiento
de las medidas de protección. Esta intervención permite que las resoluciones judiciales se
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traduzcan en cambios reales en el entorno familiar y comunitario, en concordancia con el
artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia.
No obstante, los resultados también evidencian desafíos estructurales como la falta de
personal técnico, la sobrecarga de casos y la limitada coordinación interinstitucional. Superar
estas dificultades requiere fortalecer institucionalmente el Trabajo Social mediante mayor
especialización, recursos adecuados y políticas públicas orientadas a garantizar el
cumplimiento del principio de prioridad absoluta previsto en el artículo 11 del CNA.
En conjunto, los hallazgos confirman que el Trabajo Social no es un actor
complementario, sino un elemento determinante para que la justicia de familia sea efectiva y
cercana a la realidad social de la niñez y adolescencia.
Discusión
Los resultados obtenidos permiten reflexionar sobre el rol estratégico del Trabajo Social
dentro del sistema judicial ecuatoriano, particularmente en la aplicación de las medidas de
protección para niños, niñas y adolescentes. Los hallazgos cuantitativos y cualitativos
evidencian que la intervención del trabajador social no se limita a una función técnica de
elaboración de informes, sino que constituye un elemento fundamental para contextualizar las
decisiones judiciales y garantizar la aplicación efectiva del principio del Interés Superior del
Niño. En este sentido, la discusión se orienta a interpretar los resultados a la luz del marco
normativo ecuatoriano y de los aportes doctrinarios existentes sobre la intervención social en
la justicia de familia.
Conclusión
El presente estudio evidenció que el Trabajo Social constituye un eje técnico y humano
indispensable en la implementación y seguimiento de las medidas de protección para niños,
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niñas y adolescentes en el Ecuador. Su participación dentro de la Función Judicial no solo
aporta información empírica para la toma de decisiones, sino que permite materializar el
principio del Interés Superior del Niño, actuando como puente entre la norma jurídica y la
realidad social.
Los resultados obtenidos en las encuestas y testimonios confirman la alta valoración
social hacia la labor del trabajador social: más del 95 % de los participantes reconoce su
influencia en las decisiones judiciales y el 100 % considera necesaria su consolidación
institucional. Esta legitimidad se sustenta en la confianza en la objetividad del informe social
como instrumento técnico que orienta las resoluciones judiciales.
No obstante, el estudio también identificó limitaciones estructurales que afectan la
eficacia de las medidas de protección, entre ellas la insuficiencia de personal técnico, la
sobrecarga laboral y la débil coordinación interinstitucional. Estas condiciones evidencian la
necesidad de fortalecer los equipos de Trabajo Social mediante mayor especialización, recursos
adecuados y autonomía técnica.
Desde el punto de vista metodológico, la triangulación entre los datos cuantitativos y
cualitativos permitió confirmar la coherencia entre la percepción social y el marco jurídico
ecuatoriano, que reconoce al Trabajo Social como órgano técnico de apoyo en la Función
Judicial.
En este contexto, los resultados demuestran que la eficacia de la justicia de familia no
depende únicamente de las resoluciones judiciales, sino del acompañamiento técnico y del
seguimiento posterior de las medidas de protección. Por ello, fortalecer el rol del trabajador
social resulta fundamental para garantizar que la justicia se traduzca en protección real y
efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia.
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