Código Científico Revista de Investigación/ V.6/ N. E2/ www.revistacodigocientifico.itslosandes.net
ISSN: 2806-5697
Vol. 6 – Núm. E2 / 2025
pág. 2724
Erradicación de la violencia de género en las aulas universitaria del
Ecuador
Eradication of gender violence in university classrooms in Ecuador
Erradicação da violência de gênero nas salas de aula universitárias no
Equador
Carlos Ernesto Herrera Acosta
1
Universidad Nacional de Chimborazo
ceherrera@unach.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-1446-9788
Britany Paulina Quinancela Vargas
2
Universidad Nacional de Chimborazo
britany.quinancela@unach.edu.ec
https://orcid.org/0009-0003-5251-4353
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v6/nE2/955
Como citar:
Herrera, C. & Quinancela, B. (2025). Erradicación de la violencia de género en las aulas
universitaria del Ecuador. Código Científico Revista de Investigación, 6(E2), 2724-2746.
Recibido: 25/07/2025 Aceptado: 21/08/2025 Publicado: 30/09/2025
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Research Article
Volumen 6, Número Especial 2, 2025
Resumen
El presente artículo tiene como objetivo analizar la problemática de la violencia en las aulas
universitarias del Ecuador y proponer estrategias para su erradicación desde un enfoque
integral y participativo. La investigación parte de la necesidad urgente de visibilizar las
distintas formas de violencia que se manifiestan dentro del entorno educativo superior, las
cuales afectan no solo el rendimiento académico, sino también el bienestar emocional y
psicológico de estudiantes, docentes y personal administrativo, para ello se empleará una
metodología de tipo cualitativa y cuantitativa, que incluirá la aplicación de encuestas a
miembros de la comunidad universitaria con el fin de identificar percepciones, experiencias y
formas de abordar este problema. A partir del análisis crítico de los datos recopilados, se
obtiene una comprensión más profunda de las dinámicas de violencia presentes en estos
espacios, así como proponer líneas de acción concretas que promuevan una convivencia más
segura, respetuosa y libre de discriminación, los resultados permitirán reflexionar sobre el
papel de las instituciones de educación superior en la construcción de una cultura de paz,
equidad y respeto, contribuyendo al diseño de políticas universitarias más eficaces y sensibles
frente a la violencia.
Palabras clave: Violencia de género, educación superior, aulas universitarias, protocolos
institucionales, cultura de paz, prevención, erradicación de violencia, ambiente seguro.
Abstract
This article aims to analyze the problem of violence in Ecuadorian university classrooms and
propose strategies for its eradication from a comprehensive and participatory perspective. The
research stems from the urgent need to make visible the various forms of violence that manifest
within the higher education environment, which affect not only academic performance but also
the emotional and psychological well-being of students, faculty, and administrative staff. To
this end, a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative data, will be
employed, including surveys of members of the university community to identify perceptions,
experiences, and ways of addressing this problem. Through critical analysis of the collected
data, a deeper understanding of the dynamics of violence present in these spaces will be gained,
along with the proposal of concrete lines of action that promote a safer, more respectful, and
discrimination-free environment. The results will allow for reflection on the role of higher
education institutions in building a culture of peace, equity, and respect, contributing to the
design of more effective and sensitive university policies regarding violence.
Keywords: Gender violence, higher education, university classrooms, institutional protocols,
culture of peace, prevention, eradication of violence, safe environment.
Resumo
Este artigo tem como objetivo analisar o problema da violência nas salas de aula das
universidades equatorianas e propor estratégias para sua erradicação a partir de uma
perspectiva abrangente e participativa. A pesquisa surge da necessidade urgente de tornar
visíveis as diversas formas de violência que se manifestam no ambiente do ensino superior, as
quais afetam não apenas o desempenho acadêmico, mas também o bem-estar emocional e
psicológico de estudantes, docentes e funcionários administrativos. Para tanto, será empregada
uma abordagem de métodos mistos, combinando dados qualitativos e quantitativos, incluindo
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questionários aplicados a membros da comunidade universitária para identificar percepções,
experiências e formas de lidar com esse problema. Por meio da análise crítica dos dados
coletados, será obtida uma compreensão mais profunda da dinâmica da violência presente
nesses espaços, juntamente com a proposição de linhas de ação concretas que promovam um
ambiente mais seguro, respeitoso e livre de discriminação. Os resultados permitirão refletir
sobre o papel das instituições de ensino superior na construção de uma cultura de paz, equidade
e respeito, contribuindo para a elaboração de políticas universitárias mais eficazes e sensíveis
em relação à violência.
Palavras-chave: Violência de gênero, ensino superior, salas de aula universitárias, protocolos
institucionais, cultura de paz, prevenção, erradicação da violência, ambiente seguro.
Introducción
Las universidades nacen en Europa hacia el siglo XII como instituciones dedicadas a la
enseñanza del conocimiento superior, sobre todo en áreas como la filosofía, la teología y el
derecho, desde sus orígenes estos espacios fueron reservados únicamente para hombres, ya que
se consideraba que eran los únicos capacitados para participar en la vida académica y científica,
mientras que las mujeres eran relegadas al ámbito privado y su acceso a la educación superior
estaba prohibido o socialmente mal visto.
En América Latina, el modelo educativo impuesto desde la colonia replicó estas
estructuras, excluyendo sistemáticamente a las mujeres del conocimiento formal, esta situación
no fue distinta en el Ecuador donde a finales del siglo XIX algunas mujeres lograron ingresar
a las universidades, enfrentando prejuicios, discriminación y múltiples obstáculos
institucionales.
El ingreso de las mujeres a las aulas universitarias no garantizó una participación
equitativa ni libre de violencia, con el tiempo las formas de exclusión evolucionaron, y aunque
menos visibles, se mantienen presentes en forma de acoso, lenguaje sexista, desvalorización
del rol académico femenino o indiferencia institucional ante denuncias. Según Segato (2016),
“la violencia de género no es una anomalía, sino un fenómeno estructural que se mantiene
gracias a la tolerancia social y la omisión institucional”, lo que deja en evidencia cómo las
universidades muchas veces reproducen lógicas que naturalizan la desigualdad, a esto se suma
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que muchas instituciones carecen de protocolos claros o de equipos formados para intervenir
adecuadamente ante situaciones de violencia. Estos efectos refuerzan la necesidad de
transformar las universidades en espacios seguros, no solo mediante normas, sino a través de
una cultura institucional comprometida con la equidad y los derechos humanos.
En algunos estudios recientes hechos en América Latina se ha identificado que la
violencia de género dentro de las universidades no solo afecta la parte emocional de las
personas, sino que también impacta en su rendimiento académico e incluso puede llevar al
abandono de los estudios (Sánchez & Ortega, 2020). Esta situación demuestra que el problema
es más profundo de lo que a veces se piensa, ya que no se trata solo de casos aislados, sino de
algo que también tiene que ver con cómo están organizadas las instituciones, es por esto que
no basta con que las universidades enseñen contenidos o materias, también es importante que
promuevan valores, trabajen por la igualdad y actúen con firmeza frente a cualquier forma de
violencia.
En Ecuador, hay leyes como la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y también
algunas políticas impulsadas por el Consejo de Educación Superior (CES) que intentan
promover la equidad de género y prevenir la violencia dentro de las universidades, no obstante,
no todas las instituciones aplican estas normas de la misma manera, en muchos de los casos, lo
que está escrito no se cumple del todo o queda solo como algo formal. Por eso, es importante
analizar con más profundidad qué tipo de acciones y protocolos realmente están funcionando
en cada universidad, y pensar si eso está haciendo alguna diferencia real en la vida de los
estudiantes, docentes o del personal administrativo.
En este contexto, es importante que las universidades del Ecuador se involucren de
manera más activa frente a la violencia de género que todavía ocurre en sus aulas y espacios
académicos. Esta realidad se nota en la falta de protocolos realmente útiles, debido a que varias
de las normas no se las aplican de la manera adecuada, como también en que no se realizan
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suficientes actividades para concienciar a la comunidad universitaria sobre este tema. Es por
esto que el objetivo de este estudio es analizar de manera critica qué acciones, políticas y
mecanismos se están usando actualmente en las universidades del Ecuador para erradicar la
violencia de género en las aulas, con el fin de generar propuestas que promuevan una
convivencia basada en la equidad, el respeto y los derechos humanos. La investigación tendrá
un enfoque mixto, utilizando tanto el método cualitativo como cuantitativo, mediante la
aplicación de encuestas dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo de distintas
universidades de la provincia de Chimborazo, esperando así que los resultados obtenidos
permitan evidenciar las debilidades actuales en la forma de actuar ante la violencia de género
y a partir del estudio realizado se puedan proponer estrategias más efectivas, reales y con
impacto dentro del ámbito universitario.
Marco teórico
Marco normativo nacional e internacional
La violencia de género dentro de las universidades no se puede enfrentar de manera
efectiva si no existe un respaldo legal que proteja los derechos de las personas y exija
responsabilidades claras a las instituciones de educación superior. A nivel internacional, hay
tratados importantes que han servido de guía para la defensa de los derechos de las mujeres,
uno de los más relevantes es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que fue aprobada por las Naciones Unidas en 1979,
este tratado pide a los Estados que adopten leyes, políticas educativas y otras medidas concretas
para lograr la igualdad de género, es por esto y todo lo que representa que se la reconoce como
una de las bases más importantes para proteger los derechos humanos de las mujeres en todo
el mundo.
En el caso de América Latina, la Convención de Belém do Pará, aprobada en 1994,
marcó un momento importante porque reconoció que la violencia de género no solo es un
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problema social, sino también una forma de violación a los derechos humanos, este documento
también señala que esta violencia es resultado de relaciones de poder desiguales entre hombres
y mujeres, algo que se puede ver en distintos espacios, incluso dentro de las universidades. La
convención establece claramente que las mujeres tienen derecho a vivir libres de cualquier
forma de violencia, tanto en su vida personal como en su entorno laboral y educativo. El
artículo 3 de OEA menciona que:
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a que se
respete su integridad física, mental y moral, a que se respete su dignidad, y a
condiciones justas y equitativas en la vida familiar, laboral, educativa y social (OEA,
1994, art. 3).
Este principio plantea una obligación directa a los Estados para intervenir de manera
decidida en todos los espacios donde la violencia de género pueda estar presente, incluyendo
las universidades como espacios formativos clave en la sociedad.
En el caso del Ecuador, la Constitución de 2008 incorpora de manera explícita los
principios de igualdad y no discriminación, el artículo 11 numeral 2 garantiza que todas las
personas son iguales ante la ley y prohíbe cualquier forma de discriminación, incluida la basada
en el sexo, orientación sexual o identidad de género, además el artículo 66 numeral 3 establece
como derecho fundamental el vivir una vida libre de violencia en cualquier ámbito, sea este
público o privado, estos principios no solo son normativos, sino que marcan una línea ética y
jurídica que las instituciones deben seguir.
Complementariamente, el país ha adoptado la Ley Orgánica Integral para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018), que introduce medidas claras para actuar en
casos de violencia en los entornos educativos. Esta ley exige a las instituciones de educación
superior establecer unidades de género, diseñar protocolos de actuación, realizar campañas de
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sensibilización y garantizar rutas de denuncia seguras. Tal como señala la Asamblea Nacional
(2018):
Las instituciones del Sistema de Educación Superior deben garantizar entornos libres
de violencia, adoptar medidas preventivas, formativas y correctivas, y asegurar que los
casos sean atendidos con perspectiva de género, confidencialidad y protección a las
víctimas (art. 28).
En el caso de la educación superior en Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES) también incluye el enfoque de género como parte de sus principios, en el artículo 8 se
indica que el sistema debe guiarse por la equidad y la inclusión, lo que significa que las
universidades tienen la responsabilidad de crear políticas para prevenir situaciones de
discriminación o violencia. Asimismo, el Consejo de Educación Superior (CES) ha emitido
resoluciones que piden a las instituciones contar con protocolos que sirvan para prevenir y
atender casos relacionados con violencia de género, a pesar de esto no todas las universidades
aplican estas normativas de la misma forma. En muchos casos, esa diferencia hace que algunas
personas tengan menos protección o apoyo, dependiendo de la institución en la que estudian o
trabajan.
Según un informe del Consejo de Educación Superior (CES) publicado en 2022, el 65%
de las universidades públicas del país indican que tienen protocolos para atender la violencia
de género, por otro lado, muchas de estas medidas no son conocidas por la comunidad
universitaria o no se aplican correctamente cuando ocurren situaciones reales, lo que demuestra
una brecha entre lo que está establecido y lo que realmente sucede en la práctica. Esto refleja
una brecha entre la normativa y su aplicación real. Como explica Herrera (2020):
La existencia de normativas sin una práctica institucional comprometida no cambia la
realidad de las víctimas. El reto no es solo tener protocolos escritos, sino generar una
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transformación cultural dentro de las universidades, donde se priorice el bienestar, la
seguridad y la igualdad de derechos (p. 60).
El Ecuador cuenta con un marco jurídico sólido que establece claramente el
compromiso del Estado y de las universidades para erradicar la violencia de género. No
obstante, la efectividad de estas normativas depende de su implementación real y del
compromiso institucional por generar entornos seguros, informados y sensibles ante esta
problemática.
Principales manifestaciones y factores que perpetúan la violencia de género en las aulas
universitarias
La violencia de género en las universidades se expresa de múltiples formas, tanto
visibles como sutiles, y afecta a toda la comunidad universitaria, especialmente a quienes se
identifican como mujeres, personas no binarias o de género diverso, aunque históricamente el
enfoque se ha centrado en la violencia ejercida contra las mujeres, es fundamental entender que
esta problemática atraviesa las relaciones de poder y las estructuras sociales, afectando a
cualquier persona cuya identidad, expresión o conducta desafíe los roles de género
tradicionales.
En las universidades, la violencia de género puede aparecer de distintas maneras que
muchas veces pasan desapercibidas, algunas situaciones frecuentes incluyen el acoso sexual,
comentarios ofensivos o machistas durante las clases, burlas hacia lo que dicen las estudiantes,
o incluso dejarlas fuera de actividades académicas importantes. También se dan casos en los
que las tareas se asignan de forma desigual o hay estereotipos que limitan la participación de
ciertas personas en espacios donde se toman decisiones. Además, existe una violencia más
silenciosa, que se mantiene a través de discursos institucionales o planes de estudio que no
incluyen la perspectiva de género, todo esto al ser parte de lo cotidiano, muchas veces no se
identifica como violencia, lo que hace que sea más difícil hablarlo o denunciarlo.
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La violencia de género no solo se manifiesta en la relación entre estudiantes, sino
también en vínculos jerárquicos entre docentes, autoridades y personal administrativo, el uso
del poder como herramienta de dominación, la impunidad de los agresores y la ausencia de
respuestas institucionales efectivas contribuyen a un clima de desprotección. Como señala la
Red RUIGAL (2021), muchas veces las universidades fallan en su rol protector:
Las respuestas institucionales a los casos de violencia de género suelen ser lentas,
inadecuadas o inexistentes. La víctima se ve obligada a atravesar procesos largos y
revictimizantes que, en lugar de garantizar justicia, terminan reforzando el silencio y la
resignación” (p. 29).
Uno de los factores que más perpetúa esta violencia es la cultura institucional que
reproduce estereotipos de género sin cuestionarlos, la falta de formación específica en temas
de género entre autoridades y docentes impide el reconocimiento de situaciones problemáticas,
muchas veces los comportamientos machistas o discriminatorios son ignorados o incluso
legitimados por quienes deberían actuar. Además, el temor a represalias, la pérdida de becas o
la presión académica hace que muchas víctimas opten por no denunciar.
El estudio de Morales & Páez (2021) sobre la violencia en universidades
latinoamericanas concluye que:
La falta de preparación institucional para manejar casos de violencia de género se
convierte en un obstáculo real para la transformación de las universidades. No basta
con reconocer la existencia del problema, se requiere una acción decidida, sostenida y
con enfoque interseccional que tome en cuenta las múltiples formas de desigualdad que
conviven en los espacios académicos (p. 89).
Además, la invisibilización de las diversidades de género dentro de las universidades
refuerza las condiciones para que persista la violencia, las personas trans, no binarias o con
orientaciones sexuales no normativas son especialmente vulnerables. En muchos casos,
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enfrentan burlas, exclusión o directamente la negación de su identidad dentro de registros
académicos, formularios, trato en clases o atención institucional, la ausencia de lenguaje
inclusivo, el diseño curricular sin enfoque de género, y la representación limitada de estas
personas en cargos académicos, también forman parte de las dinámicas de exclusión.
No se puede dejar de mencionar que la violencia de género también afecta a hombres,
particularmente en un sistema que reproduce modelos de masculinidad rígidos y excluyentes.
Aquellos que no encajan en el patrón tradicional pueden ser objeto de acoso, burlas o
aislamiento. En este sentido, la lucha contra la violencia de género implica una transformación
cultural más profunda, donde la equidad y el respeto a las diferencias no solo sean principios
declarativos, sino prácticas reales dentro del entorno universitario. Según Vera (2022):
La violencia de género en la educación superior no es un problema aislado, sino un
síntoma de una estructura social que aún privilegia la autoridad masculina, la jerarquía
vertical y la invisibilidad de lo diverso. Cualquier política que no cuestione estos
cimientos corre el riesgo de ser decorativa o insuficiente (p. 74).
Es necesario entender que tanto el silencio como la falta de acción también pueden ser
formas de violencia, cuando una universidad decide no intervenir ante un caso, cuando no se
da importancia a una denuncia o se pone en duda la palabra de quien habla, lo que se está
haciendo es reforzar el miedo y la desconfianza, como lugares donde se fomenta el pensamiento
crítico, las universidades deberían ser las primeras en revisar sus propias prácticas y asumir un
rol activo en el cambio. Para que la violencia de género deje de repetirse, hace falta más que
protocolos; se necesita compromiso real, formación constante y, sobre todo, escuchar con
respeto a quienes han sido ignorados durante mucho tiempo.
Protocolos y programas para la prevención y erradicación de la violencia de género
En los últimos años, muchas universidades han adoptado protocolos institucionales y
programas específicos con el fin de prevenir, atender y erradicar la violencia de género en sus
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comunidades académicas, estas medidas responden tanto a marcos normativos nacionales
como a presiones sociales que demandan espacios educativos seguros y libres de
discriminación, a pesar de estos avances formales, la efectividad de estas herramientas depende
directamente del grado de compromiso institucional, del enfoque con el que han sido diseñadas
y de su integración real en la vida universitaria cotidiana.
Un protocolo de actuación no puede considerarse eficaz si no contempla rutas claras,
plazos definidos, equipos capacitados y sobre todo si no está acompañado de una cultura
institucional que priorice los derechos humanos, muchas universidades han elaborado
documentos que cumplen formalmente con los requerimientos legales, pero que no son
socializados con la comunidad universitaria o que se activan solo en casos extremos. Como
explican González y Martínez (2020), “el protocolo no puede ser una respuesta burocrática,
sino una herramienta que active procesos de justicia interna y prevención, y que refleje una
postura clara de la institución frente a cualquier forma de violencia” (p. 33).
En el contexto ecuatoriano, algunas universidades han avanzado en la creación de
unidades de género, responsables de atender casos, ofrecer acompañamiento y realizar procesos
de sensibilización, no obstante, en muchas instituciones estas unidades operan con recursos
limitados, escaso personal y una falta de autonomía que dificulta su labor. Además, su
existencia no siempre se acompaña de campañas permanentes ni de espacios de formación
crítica sobre género. Esto genera una desconexión entre las acciones institucionales y las
vivencias reales de quienes integran la comunidad universitaria.
Uno de los principales desafíos es la resistencia cultural al cambio, tanto por parte de
autoridades como de ciertos sectores docentes y administrativos que consideran que la
violencia de género no es un problema relevante o que se está “exagerando”, esta resistencia
impide que los protocolos se apliquen con la seriedad necesaria, e incluso promueve la
minimización de los hechos denunciados. Como advierte Romero (2021):
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En muchos casos, el primer obstáculo que enfrenta una persona que denuncia violencia
de género dentro de una universidad es la negación institucional. La tendencia a
proteger la imagen de la institución, a relativizar el testimonio de la víctima o a
mantener el statu quo académico, pone en duda cualquier política de género que
pretenda ser transformadora (p. 48).
Además de los protocolos, los programas de prevención resultan fundamentales para
modificar de manera estructural las prácticas que sostienen la violencia, la educación en temas
de género debe ser continua, no eventual, y abarcar no solo a estudiantes, sino también a
docentes, personal administrativo y directivo. Esto incluye talleres, jornadas de reflexión,
campañas de comunicación, revisiones curriculares y espacios de escucha activa, la prevención
no se limita a informar, sino que debe generar procesos de transformación subjetiva y colectiva.
Un punto clave es que muchos programas se centran únicamente en mujeres como
víctimas, sin incorporar un enfoque interseccional que contemple las experiencias de personas
LGBTIQ+, que también enfrentan discriminación, violencia verbal y simbólica, y exclusión en
distintos niveles, la construcción de espacios seguros requiere reconocer esta diversidad. Como
sostiene Luna (2022):
Los protocolos y programas no pueden limitarse a una visión binaria del género. Es
necesario que incluyan la vivencia de personas trans, no binarias y disidentes, que a
menudo son invisibilizadas en los discursos institucionales. De no hacerlo, se reproduce
la exclusión bajo el pretexto de la igualdad (p. 56).
En universidades que han logrado implementar buenas prácticas, se observan elementos
comunes: la participación activa de estudiantes en el diseño de políticas, la creación de comités
especializados con autonomía, el acceso a asesoría legal gratuita, el fortalecimiento del
bienestar estudiantil, y sobre todo, el compromiso sostenido de los equipos directivos. Estas
acciones permiten no solo atender los casos de violencia, sino prevenirlos mediante el fomento
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de una cultura de diálogo, equidad y respeto mutuo, algunas instituciones también han optado
por integrar el enfoque de género en los planes de estudio, lo que garantiza una formación
transversal en todas las carreras, no solo en áreas sociales.
Si bien, estas buenas prácticas aún son excepcionales y no representan la norma, en la
mayoría de universidades, los avances son recientes, frágiles y poco sostenidos, los cambios
suelen depender del liderazgo temporal de personas específicas, lo que genera retrocesos
cuando cambian las autoridades, por tanto, es urgente que estos mecanismos se
institucionalicen de manera firme y permanente.
Los protocolos y programas deben superar la lógica reactiva y convertirse en
instrumentos integrales de cambio estructural, donde el compromiso no sea solo normativo,
sino ético y político, se requiere voluntad, recursos, formación y evaluación constante. Los
textos o protocolos por sí solos no van a solucionar el problema de la violencia de género en
las universidades, lo que realmente puede generar un cambio son las acciones firmes,
constantes y construidas en conjunto con quienes forman parte de la comunidad universitaria.
Metodología
Esta investigación se desarrolló con un enfoque mixto, es decir, combinando tanto
métodos cualitativos como cuantitativos, esta elección permite tener una visión más completa
del problema de la violencia de género en las universidades ecuatorianas, ya que no solo se
recogen datos numéricos, sino también opiniones, vivencias y reflexiones que muestran el lado
más humano y social de esta realidad.
En la parte cuantitativa, se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas de tipo
Likert, dirigido a tres grupos dentro de la comunidad universitaria: estudiantes, docentes y
personal administrativo; la escala de respuestas fue de cinco niveles, que iban desde
“Totalmente de acuerdo” hasta “Totalmente en desacuerdo”. Las preguntas abordaron temas
como si existen o no políticas claras para prevenir la violencia, si se conocen los protocolos, si
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las personas han recibido algún tipo de formación, cómo perciben el respeto a la diversidad, y
si han vivido o presenciado situaciones de violencia de género dentro de su institución.
El cuestionario fue aplicado a una muestra conformada por 10 autoridades, 30 docentes
y 60 estudiantes de instituciones de educación superior públicas de la provincia de Chimborazo.
La selección se realizó considerando una participación diversa, que permita contrastar distintas
realidades institucionales y socioculturales, para garantizar la calidad del instrumento, se
realizó una validación previa con especialistas en género y educación, y se respetaron criterios
éticos como el consentimiento informado y la confidencialidad de las respuestas.
Desde el enfoque cualitativo, se incluyeron preguntas abiertas dentro del mismo
cuestionario, en las que se solicitó a los participantes justificar algunas de sus respuestas, así
como compartir reflexiones, experiencias o sugerencias sobre cómo erradicar la violencia de
género en las universidades. Este recurso permitió identificar no solo datos numéricos, sino
también elementos subjetivos, como emociones, barreras culturales, resistencias institucionales
y propuestas concretas que surgen desde las propias voces de quienes habitan la universidad.
Los datos cuantitativos serán analizados mediante estadísticas descriptivas, utilizando
tablas de frecuencia y porcentajes, con el fin de visualizar tendencias, coincidencias y
diferencias entre los distintos grupos encuestados; por su parte, los datos cualitativos serán
interpretados mediante análisis de contenido, categorizando las respuestas por temas clave y
explorando patrones discursivos que permitan entender cómo se vive y se percibe la violencia
de género en el contexto universitario.
Esta combinación metodológica busca que la investigación no se limite a contar casos
o medir percepciones, sino que también rescate las vivencias, identifique las causas
estructurales del problema y proponga estrategias contextualizadas para su prevención y
erradicación, así la voz de los actores universitarios se convierte en una fuente fundamental
para construir conocimiento con sentido ético, crítico y transformador.
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Resultados
Los resultados obtenidos muestran cómo se perciben la violencia de género y las
acciones para prevenir la misma en tres grupos encuestados: autoridades o personal
administrativo (10 personas), docentes (30 personas) y estudiantes (60 personas), así la
información obtenida se organizó en tablas para ver con claridad las frecuencias y porcentajes
de cada respuesta.
En la primera pregunta, sobre si consideran que la equidad de género forma parte del
modelo educativo de su universidad, se observa que el 80 % de autoridades/administrativos
respondió totalmente de acuerdo, igual que el 66.7 % de docentes sumando totalmente de
acuerdo y de acuerdo, mientras que entre los estudiantes, solo el 50 % se mostró de acuerdo o
totalmente de acuerdo, mientras que el resto expresó opiniones neutras o de desacuerdo, lo que
deja ver que no todos perciben esta inclusión de la misma forma.
En cuanto al conocimiento de los protocolos de atención a víctimas de violencia de
género (Pregunta 2), el 60 % de autoridades/administrativos dijo estar totalmente de acuerdo o
de acuerdo con conocerlos, mientras que en docentes el porcentaje sube a 86.7 %, en cuanto a
estudiantes, el 58.3 % aseguró estar informado, pero un 41.7 % no tiene claridad o no sabe si
existen estos protocolos, lo que marca una brecha importante.
La tercera pregunta se enfocó en la formación o talleres recibidos en cuanto a la
violencia de género, obteniendo como resultado en autoridades/administrativos solo el 40 %
señaló haber participado en capacitaciones, frente a un 76.7 % de docentes y un 58.3 % de
estudiantes que dijeron sí haber recibido información o formación, mostrándonos que la
participación en espacios de sensibilización aún es limitada, especialmente para el personal
administrativo.
Respecto a la percepción del ambiente de respeto e inclusión (Pregunta 4), el 80 % de
autoridades/administrativos cree que sí existe respeto hacia todas las identidades de género, en
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docentes el porcentaje alcanza el 76.7 %, mientras que entre estudiantes es del 58.3 %, aunque
en todos los grupos todavía hay respuestas neutras o de desacuerdo, lo que evidencia que no
todas las personas sienten que se respeta la diversidad por igual.
En la pregunta abierta sobre si han presenciado o vivido situaciones de violencia de
género (Pregunta 5), el 40 % de autoridades/administrativos, 40 % de docentes y 58.3 % de
estudiantes respondieron que sí, este dato confirma que la violencia de género sigue estando
presente en la vida universitaria, aunque no siempre se denuncie.
Por último, en la pregunta abierta sobre qué acciones consideran necesarias (Pregunta
6), la mayoría propuso reforzar la capacitación y la formación continua, entre
autoridades/administrativos 70 % mencionó este tema, al igual que 66.7 % de docentes y 70 %
de estudiantes, otras propuestas que surgieron fueron la necesidad de difundir mejor las
políticas y protocolos existentes, aplicar sanciones cuando corresponde y abrir espacios seguros
para hablar y denunciar sin miedo.
En conjunto los datos demuestran que, aunque existen avances importantes en políticas
y normativas, aún persisten vacíos de información, falta de formación y barreras para garantizar
entornos universitarios libres de violencia de género.
Discusión
Los resultados obtenidos permiten comprender mejor una realidad que muchas veces
se minimiza o no se visibiliza dentro de los espacios académicos como es la persistencia de la
violencia de género, pese a la existencia de políticas, normativas y discursos que defienden la
equidad, al observar que las autoridades y los docentes se muestran mayoritariamente de
acuerdo con la inclusión del enfoque de género en el modelo educativo, podría pensarse que la
problemática está controlada, pero la percepción más fragmentada entre los estudiantes
demuestra que aún hay distancia entre lo que se declara y lo que realmente se vive en las aulas.
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Este hallazgo es importante porque revela la existencia de un discurso institucional que
muchas veces no logra impregnar en la vida cotidiana de la comunidad universitaria, aunque
los reglamentos establezcan la equidad de género como principio rector, el hecho de que casi
la mitad de los estudiantes no perciba con claridad su aplicación muestra que falta reforzar los
canales de comunicación, la forma en que se informa a la comunidad y, sobre todo cómo se
construye colectivamente una cultura de respeto que vaya más allá de lo normativo.
Algo similar ocurre con el conocimiento de los protocolos de atención, mientras que
docentes aseguran estar informados, una parte significativa del estudiantado y el personal
administrativo no tiene claridad sobre su existencia o funcionamiento. Esto evidencia que la
información no circula de forma equitativa y que muchas personas quedan desprotegidas al no
saber cómo proceder ante un caso de violencia, en este punto es fundamental reconocer que los
protocolos no deben entenderse como simples documentos, sino como herramientas vivas que
deben ser conocidas, comprendidas y aplicadas cuando sean necesarias.
No se puede perder de vista que la violencia de género adopta múltiples formas dentro
de los espacios académicos, algunas muy visibles y otras más sutiles, el hecho de que un
porcentaje considerable de estudiantes y docentes haya manifestado haber presenciado o vivido
situaciones de violencia confirma que esta problemática no es un hecho aislado ni menor. Aún
más preocupante es que en muchos casos, estas experiencias no llegan a denunciarse, ya sea
por miedo, falta de confianza en la institución o desconocimiento de los procedimientos, pues
cada situación no atendida refuerza un ambiente donde se normaliza la discriminación y se
reproduce el silencio.
Otra dimensión que se desprende de los resultados es la limitada participación en
actividades de formación y sensibilización, a pesar de que en los últimos años se han impulsado
programas y talleres para abordar la violencia de género, los datos muestran que no todos los
miembros de la comunidad universitaria tienen acceso real a estos espacios, en el caso de los
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estudiantes, más de la mitad señaló no haber recibido capacitación, lo mismo ocurre con el
personal administrativo, esto plantea la necesidad de replantear no solo la oferta de talleres,
sino la forma en que se convocan y motivan a participar a los miembros de la comunidad
universitaria.
Resulta evidente que la sola existencia de programas o cursos no garantiza la
transformación de prácticas y mentalidades, la capacitación debe entenderse como un proceso
continuo, dinámico y participativo, que implique a toda la comunidad y que se adapte a las
realidades y necesidades de cada institución, puesto que para ello hace falta superar la idea de
la formación como un requisito administrativo y transformarla en una oportunidad para
reflexionar, cuestionar y actuar.
Otro aspecto que llama la atención es la percepción del ambiente de respeto e inclusión
hacia las identidades de género, aunque la mayoría expresó opiniones positivas, un número
importante de encuestados se ubicó en posiciones neutras o de desacuerdo, esta respuesta
evidencia que para muchas personas los espacios universitarios aún reproducen prácticas
discriminatorias o excluyentes que, si bien no siempre son directas, generan barreras que
limitan la participación plena de quienes no se ajustan a la norma tradicional. Es aquí donde
resulta clave promover espacios seguros y de diálogo, donde se pueda hablar abiertamente de
diversidad y respeto sin miedo a ser juzgado.
En cuanto a las propuestas planteadas por los encuestados, la coincidencia en la
necesidad de reforzar la capacitación demuestra que existe conciencia sobre la importancia de
la formación para prevenir la violencia de género, además de la capacitación, surgieron otras
recomendaciones como mejorar la difusión de protocolos, aplicar sanciones efectivas y
garantizar acompañamiento a quienes se atrevan a denunciar, todas estas sugerencias muestran
que la comunidad universitaria no solo identifica los problemas, sino que también tiene claro
por dónde comenzar construir soluciones.
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Lo que se desprende de este análisis es que la erradicación de la violencia de género en
la universidad requiere mucho más que documentos bien redactados, pues hace falta decisión
institucional, recursos y sobre todo compromiso real para pasar del papel a la acción. Resulta
insuficiente contar con normativas si estas no se reflejan en prácticas cotidianas, en la forma
en que se enseña, se convive y se resuelven los conflictos dentro de la universidad.
Además, la diversidad de percepciones entre autoridades, docentes y estudiantes pone
de relieve la necesidad de generar espacios de encuentro donde se pueda dialogar abiertamente
sobre la problemática, debido a que cada grupo vive la universidad desde su propio lugar y su
propia experiencia; por eso es indispensable escuchar las voces de todos y todas para
comprender las distintas formas en que se manifiesta la violencia y así diseñar medidas más
efectivas.
Un punto que no debe pasarse por alto es que la violencia de género en la universidad
no se limita a casos de acoso sexual, pues también se expresa en comentarios machistas,
bromas, discriminación sutil, exclusión de espacios de decisión, asignación desigual de tareas
o invisibilización de la voz de las mujeres y diversidades sexo-genéricas. Estas
manifestaciones, muchas veces normalizadas, contribuyen a reforzar un ambiente donde la
violencia se vuelve parte de la rutina y donde denunciar puede resultar costoso para quienes se
atreven a romper el silencio.
Por eso, uno de los principales desafíos es cambiar la cultura institucional, esto implica
revisar los discursos, pero también cuestionar prácticas arraigadas que, aunque parezcan
inofensivas estas sostienen estructuras de poder que discriminan, las universidades tienen la
responsabilidad ética de ser ejemplo de convivencia basada en el respeto y la equidad, como
responsables de los espacios donde se generan conocimientos y se forman profesionales
Una reflexión que surge de los resultados es que la prevención de la violencia de género
no puede depender solo de talleres o protocolos aislados, hace falta articular acciones a nivel
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institucional, académico y comunitario, donde la formación se complemente con la
implementación real de mecanismos de denuncia, la protección a las víctimas y la sanción a
los agresores, además, se requiere garantizar que quienes denuncien no sean revictimizados ni
expuestos a represalias.
De igual forma, es fundamental involucrar a la comunidad estudiantil en la construcción
de estrategias de prevención y atención, la participación activa de los estudiantes puede marcar
la diferencia, ya que son quienes viven de forma más directa la convivencia en aulas, pasillos
y espacios compartidos. Escuchar sus experiencias, preocupaciones y propuestas es clave para
diseñar medidas que respondan a la realidad y no solo a la formalidad de un reglamento.
En este sentido, la creación de espacios de diálogo, redes de apoyo y grupos de
acompañamiento puede convertirse en un recurso valioso para fortalecer la confianza en la
institución, pues cuando las víctimas saben que no están solas, que serán escuchadas y
protegidas, aumenta la posibilidad de denunciar y frenar la impunidad.
Otro punto que debe considerarse es la formación de los futuros profesionales, las
universidades tienen la tarea de formar personas capaces de cuestionar desigualdades, proponer
cambios y actuar como agentes de transformación en sus entornos, esto implica incorporar de
forma transversal la perspectiva de género en los planes de estudio, no como un contenido
aislado, sino como parte de todas las áreas del conocimiento.
Si bien los resultados dejan ver luces y sombras, también muestran oportunidades para
construir universidades más justas y seguras, reconocer la existencia de la violencia de género,
medirla, analizarla y reflexionar sobre ella es el primer paso para diseñar soluciones reales. A
partir de aquí, se requiere compromiso de todos los actores: autoridades, docentes, estudiantes
y la sociedad en general.
La erradicación de la violencia de género no es un objetivo abstracto; es una
responsabilidad colectiva que demanda acciones sostenidas, recursos, formación y sobre todo
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voluntad de escuchar a quienes históricamente han sido silenciados, solo así se podrá avanzar
hacia espacios universitarios donde el respeto, la igualdad y la inclusión sean parte de la
práctica cotidiana y no solo principios escritos en reglamentos.
Conclusiones
Los hallazgos de esta investigación muestran que la violencia de género sigue presente
en la vida universitaria ecuatoriana y que, a pesar de la existencia de normas y políticas, no
siempre se reflejan en acciones claras ni en una convivencia libre de discriminación, las
respuestas de autoridades, docentes y estudiantes confirman que persisten brechas de
conocimiento sobre protocolos, vacíos en la capacitación y percepciones diversas sobre la
inclusión real de la equidad de género dentro de la formación profesional.
Una conclusión esencial es que la comunidad universitaria reconoce la importancia de
la prevención, pero se evidencian debilidades en la forma de aplicar y difundir las rutas de
atención y las actividades de sensibilización, demostrando así que aún existe una distancia entre
la normativa escrita y la práctica cotidiana.
Además, se identificaron propuestas claras que surgen desde la propia comunidad: más
formación, mejor difusión, sanciones reales y espacios de confianza para denunciar, esta
apertura a plantear soluciones es un punto de partida valioso para reforzar estrategias y
construir universidades seguras, justas y coherentes con los derechos humanos.
Este trabajo también deja abierta la puerta para futuras investigaciones que permitan
profundizar en la forma en que la cultura institucional impacta en la prevención de la violencia
y cómo se podrían evaluar periódicamente los avances para evitar que las medidas queden solo
en el papel.
Recomendaciones
Fortalecer la difusión interna, es clave que las universidades refuercen la forma en que
comunican a toda la comunidad la existencia de políticas, protocolos y rutas de atención en
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casos de violencia de género. Para ello se recomienda usar distintos medios: charlas breves,
afiches visibles, espacios informativos virtuales y mensajes dirigidos a estudiantes, docentes y
personal de forma periódica.
Aumentar la frecuencia de la capacitación, se propone organizar talleres y encuentros
de sensibilización de manera constante, no solo en fechas puntuales, estas actividades deberían
formar parte de la agenda académica anual y ser impartidas de forma práctica, cercana y con
ejemplos reales, para que lleguen mejor a todos los niveles de la universidad.
Abrir espacios de diálogo y participación, crear foros, grupos estudiantiles o comités
de género puede motivar a más personas a involucrarse activamente en la prevención, estos
espacios ayudan a construir confianza, compartir experiencias y proponer soluciones ajustadas
a cada contexto.
Por último, fomentar la confianza para denunciar, se aconseja trabajar en la cultura
interna para que las víctimas o testigos se sientan respaldados al denunciar, las universidades
deben garantizar que no habrá represalias y que cada denuncia será atendida con
responsabilidad y empatía.
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