Código Científico Revista de Investigación/ V.5/ N. E4/ www.revistacodigocientifico.itslosandes.net
ISSN: 2806-5697
Vol. 5 – Núm. E4 / 2024
pág. 256
El Juez como gestor de cambios sociales: Análisis del activismo
judicial en el periodo de la Corte Constitucional 2019-2021
The Judge as a manager of social change: analysis of judicial activism in
the term of the Constitutional Court 2019-2021.
O juiz como gestor da mudança social: análise do ativismo judicial na
legislatura do Tribunal Constitucional 2019-2021
Bonilla Morejón, Jefferson Steven
Universidad Bolivariana del Ecuador
jsbonillam@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009-0000-3048-0840
Hernández Muñoz, Verónica de Lourdes
Universidad Bolivariana del Ecuador
hernandezmunozveronica@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-3445-2035
Alvear Calderón, María Jose
Universidad Bolivariana del Ecuador
mjalvearc@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009-0008-5084-2990
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v5/nE4/493
Como citar:
Bonilla Morejón, J. S., Hernández Muñoz, V. de L., & Alvear Calderón, M. J. (2024). El Juez
como gestor de cambios sociales: Análisis del activismo judicial en el periodo de la Corte
Constitucional 2019-2021. Código Científico Revista De Investigación, 5(E4), 256–278.
Recibido: 03/08/2024 Aceptado: 22/09/2024 Publicado: 30/09/2024
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Volumen 5, Número Especial 4, 2024
Resumen
Desde su creación, la Corte Constitucional de Ecuador ha desempeñado un papel crucial en la
sociedad. Este protagonismo se debe en parte a su intervención judicial en temas esenciales
para la población, como el desplazamiento forzado, el aborto, la salud, la eutanasia, la
comunidad LGBTI, y el sistema carcelario, entre otros. Para promover cambios sociales, este
Tribunal ha empleado de manera excepcional las sentencias estructurales en su jurisprudencia
y ha introducido el concepto de declaración de estado de cosas inconstitucional. A lo largo de
su labor, ha logrado ciertos avances y ha enfrentado diversas dificultades. Los logros han
permitido la promoción de políticas públicas que efectivamente protegen los derechos de las
personas, mientras que las dificultades han obligado a reevaluar procesos para superar los
problemas encontrados. Un tema crucial en nuestro país, considerando el actual proceso
constituyente, es revisar el papel del juez en el marco del Estado constitucional de derecho y,
eventualmente, considerar un retorno al estado de bienestar. Partiendo del constitucionalismo
liberal, que establece una labor restringida dentro del modelo de «separación de poderes» desde
el contractualismo de Montesquieu, la consolidación de jueces con mayores atribuciones se
hace necesaria. Esto se debe a la relación cada vez más estrecha entre el derecho constitucional
y el derecho internacional de los derechos humanos, así como al papel del juez como facilitador
de la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sociales. El surgimiento del activismo
judicial, en el contexto del proceso constituyente actual, nos invita a reflexionar sobre esta
figura, su naturaleza jurídica y social, y los posibles alcances en un nuevo Estado constitucional
(y social) de derecho, una demanda claramente anhelada por la ciudadanía.
Palabras clave: Activismo, corte, derechos, proceso, Estado.
Abstract
Since its creation, the Constitutional Court of Ecuador has played a crucial role in society. This
protagonism is due in part to its judicial intervention in essential issues for the population, such
as forced displacement, abortion, health, euthanasia, the LGBTI community, and the prison
system, among others. To promote social changes, this Court has exceptionally used structural
sentences in its jurisprudence and has introduced the concept of declaration of unconstitutional
state of affairs. Throughout its work, it has achieved certain advances and has faced various
difficulties. The achievements have allowed the promotion of public policies that effectively
protect the rights of individuals, while the difficulties have forced the reevaluation of processes
to overcome the problems encountered. A crucial issue in our country, considering the current
constituent process, is to review the role of the judge in the framework of the constitutional
rule of law and, eventually, to consider a return to the welfare state. Starting from liberal
constitutionalism, which establishes a restricted work within the model of “separation of
powers” since Montesquieu's contractualism, the consolidation of judges with greater powers
becomes necessary. This is due to the increasingly close relationship between constitutional
law and international human rights law, as well as the role of the judge as a facilitator of the
enforceability and justiciability of social rights. The emergence of judicial activism, in the
context of the current constitutional process, invites us to reflect on this figure, its legal and
social nature, and its possible scope in a new constitutional (and social) rule of law, a demand
clearly desired by the citizenry.
Keywords: Activism, court, rights, process, State.
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Resumo
Desde a sua criação, o Tribunal Constitucional do Equador tem desempenhado um papel
crucial na sociedade. Esta proeminência deve-se, em parte, à sua intervenção judicial em
questões essenciais para a população, como a deslocação forçada, o aborto, a saúde, a eutanásia,
a comunidade LGBTI e o sistema prisional, entre outras. Para promover a mudança social, este
Tribunal fez um uso excecional de sentenças estruturais na sua jurisprudência e introduziu o
conceito de declaração de estado de coisas inconstitucional. Ao longo da sua atividade, registou
alguns progressos e enfrentou algumas dificuldades. As conquistas permitiram a promoção de
políticas públicas que protegem efetivamente os direitos das pessoas, enquanto as dificuldades
obrigaram a uma reavaliação dos processos para ultrapassar os problemas encontrados. Uma
questão crucial no nosso país, tendo em conta o atual processo constitucional, é rever o papel
do juiz no quadro do Estado de direito constitucional e, eventualmente, considerar um regresso
ao Estado social. Partindo do constitucionalismo liberal, que estabelece uma atuação restrita
dentro do modelo de “separação de poderes” desde o contratualismo de Montesquieu, torna-se
necessária a consolidação de juízes com maiores atribuições. Isso se deve à relação cada vez
mais estreita entre o direito constitucional e o direito internacional dos direitos humanos, bem
como ao papel do juiz como facilitador da exigibilidade e justiciabilidade dos direitos sociais.
A emergência do ativismo judicial, no contexto do atual processo constitucional, convida-nos
a refletir sobre esta figura, a sua natureza jurídica e social, e o seu possível alcance num novo
Estado de Direito constitucional (e social), exigência claramente desejada pelos cidadãos.
Palavras-chave: Ativismo, tribunal, direitos, processo, Estado.
Introducción
La evolución del derecho y la aparición de nuevos paradigmas jurídicos han propiciado
una reconsideración del papel del juez en el contexto del Estado constitucional. El nuevo
constitucionalismo ha impuesto a los jueces responsabilidades que difieren significativamente
de las concepciones tradicionales de la Función Judicial.
Históricamente, los movimientos sociales han sido los principales impulsores de
grandes transformaciones, utilizando diversas tácticas como manifestaciones, huelgas y
cabildeo. Sin embargo, desde el siglo XIX, con el establecimiento de tribunales
constitucionales, el poder judicial ha emergido como un actor crucial en la promoción del
cambio social.
Este artículo se propone analizar cuál es el rol del juez en el marco del Estado
constitucional contemporáneo. Para ello, se emplea un enfoque dual que examina tanto las
funciones como las virtudes judiciales, con el objetivo de delinear las características esenciales
de lo que podríamos denominar un "juez prudente".
En este contexto, es relevante examinar cómo ciertos movimientos sociales han
adoptado el litigio estratégico como herramienta para defender sus intereses. Un punto de
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inflexión en esta tendencia fue la sentencia del caso Brown vs. Board of Education en Estados
Unidos, que redefinió el papel de los jueces en la protección de los derechos fundamentales
(Osuna, 2015).
Algunos tribunales, especialmente los constitucionales, han asumido un rol proactivo
en la promoción de cambios sociales significativos. Estas cortes no se limitan a resolver casos
individuales, sino que han implementado medidas para abordar violaciones sistemáticas de
derechos, ya sea por iniciativa propia o en respuesta a demandas de movimientos sociales.
Este enfoque proactivo, a menudo interpretado como una forma de activismo judicial,
se caracteriza por una interpretación expansiva de la Constitución y un compromiso con la
materialización efectiva de los derechos. Los jueces "activistas" buscan acelerar el cambio
social mediante sus decisiones, priorizando la implementación práctica de los principios
constitucionales (Barota de Oliveira & Lippi, 2020).
Evolución histórica del “Juez”
Al examinar la evolución histórica de la figura del juez, nos enfrentamos a un panorama
diverso y complejo. La variedad de roles judiciales a lo largo del tiempo y en diferentes lugares
hace difícil crear un modelo único que los represente a todos. Sin embargo, podemos identificar
patrones generales que nos ayudan a comprender cómo ha cambiado la función judicial en
distintos contextos históricos y jurídicos.
Para simplificar este análisis, consideramos tres arquetipos judiciales que corresponden
a diferentes etapas en la evolución del Estado:
1. El juez en la era pre estatal
2. El juez en el Estado de derecho
3. El juez en el Estado social
Cada uno de estos modelos se distingue por:
• Las fuentes legales en las que se basa
• Su papel dentro del sistema legal
• Los efectos de sus decisiones
El juez de la era preestatal solía basarse en tradiciones y preceptos religiosos,
interpretando normas ancestrales más que creando nuevas leyes.
En el Estado de derecho, el juez típicamente se limitaba a aplicar estrictamente la
legislación escrita, con poco margen para la interpretación personal.
Con el advenimiento del Estado social, el papel del juez se volvió más dinámico,
equilibrando la letra de la ley con consideraciones de justicia social y equidad.
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Es crucial recordar que estos modelos son simplificaciones de una realidad mucho más
matizada. No obstante, nos proporcionan un marco valioso para entender cómo el rol judicial
ha evolucionado en respuesta a cambios en la concepción del Estado y del derecho a lo largo
de la historia.
1. El Juez Discrecional (época premoderna):
Este juez operaba en un entorno jurídico caótico, caracterizado por:
• Pluralismo en las fuentes del derecho: Coexistían múltiples sistemas jurídicos,
incluyendo costumbres, decretos reales, leyes gremiales y eclesiásticas.
• Función judicial politizada: No existían requisitos específicos para ser juez ni una clara
separación entre lo judicial y lo político (Berman, 2001)
• Ausencia de control: La falta de jerarquía judicial y mecanismos de apelación permitía
decisiones arbitrarias.
Este juez gozaba de amplia libertad decisoria, pero carecía de parámetros claros para
ejercerla, lo que podía resultar en decisiones inconsistentes o injustas.
2. El Juez Conservador (Estado de Derecho):
Surgió como reacción a la discrecionalidad previa, caracterizado por:
• Codificación del derecho: El Código Napoleónico simplificó y unificó las fuentes
legales.
• Interpretación literalista: Se priorizaba la interpretación textual de la ley.
• Función declarativa: El juez era visto como "la boca de la ley", limitándose a aplicarla
sin crearla.
Este modelo buscaba limitar el poder judicial para garantizar seguridad jurídica, pero
podía resultar en decisiones rígidas e incapaces de adaptarse a nuevas realidades sociales.
3. El Juez Progresista (Estado de Bienestar):
Emergió para abordar las deficiencias del modelo anterior:
• Ampliación de fuentes: Consideraba elementos más allá de la ley escrita.
• Interpretación contextual: Incorporaba aspectos como la intención original, finalidad
de la ley y realidad social.
• Función creativa: El juez podía "crear" derecho al interpretar y aplicar la ley a nuevas
situaciones (Domingo, 2004, p. 36).
Este enfoque permite mayor flexibilidad y adaptabilidad del derecho a las necesidades
sociales, pero corre el riesgo de generar inseguridad jurídica si se lleva al extremo.
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4. El Juez constitucionalista
En el marco del Estado constitucional, el papel del juez experimenta una transformación
profunda que trasciende los modelos anteriores. Esta evolución no solo incorpora elementos de
sus predecesores, sino que también introduce nuevas variables, redefiniendo la función judicial
en el ordenamiento jurídico moderno. La concepción del derecho (ontología) influye
directamente en cómo se aplica (metodología), aunque esta relación no es unidireccional, ya
que la metodología también puede afectar la percepción del derecho.
El Estado constitucional introduce un nuevo paradigma jurídico que redefine la
naturaleza y función del derecho en la sociedad, enfatizando la supremacía de la constitución
y los derechos fundamentales. En este contexto, el juez constitucional emerge como una figura
que sintetiza elementos del juez discrecional y del juez conservador, equilibrándolos con
nuevos principios. Se convierte en el principal guardián de la Constitución, con la facultad de
interpretar la ley a la luz de los valores constitucionales y, en casos extremos, inaplicar leyes
inconstitucionales.
El juez en este nuevo paradigma es un intérprete dinámico que va más allá de la
interpretación literal, considerando el contexto social, histórico y los valores constitucionales
(Vigo, 2003). Emplea métodos de interpretación como la ponderación y la proporcionalidad.
Además, en situaciones de vacío legal o ante nuevas realidades sociales, el juez puede crear
derecho mediante su jurisprudencia, siempre guiado por los principios constitucionales.
Una de las funciones más cruciales del juez constitucional es la protección activa de los
derechos fundamentales. Puede ordenar acciones positivas al Estado para garantizar estos
derechos y actúa como árbitro del poder público, resolviendo conflictos entre poderes del
Estado y asegurando el equilibrio institucional. Este papel implica ejercer control sobre los
actos de la administración y del legislativo.
Sin embargo, este nuevo rol del juez no está exento de desafíos. Se debate
constantemente sobre la legitimidad democrática de sus decisiones frente a las de órganos
electos democráticamente. El juez debe equilibrar la necesidad de seguridad jurídica con la de
adaptar el derecho a nuevas realidades sociales. Esto requiere una formación integral que
incluya no solo conocimientos jurídicos, sino también éticos y de realidad social.
La independencia judicial se vuelve crucial en este contexto, siendo necesario
mantenerla frente a presiones políticas y económicas. El juez en el Estado constitucional
emerge, así como una figura central en la realización de los valores constitucionales y la
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protección de los derechos fundamentales. Su papel trasciende la mera aplicación de la ley,
convirtiéndose en un verdadero intérprete y guardián del orden constitucional.
La administración de justicia desde el ámbito constitucional
Las cortes constitucionales con un enfoque activista abogan por un Estado dinámico
que respete y promueva los derechos humanos. Este activismo constitucional y judicial insta a
tribunales y magistrados de todo el mundo a influir en la realidad de sus naciones dentro del
ámbito de sus competencias.
El contexto social actual demanda que los órganos judiciales constitucionales, mediante
sus fallos, impulsen una transformación efectiva en la actuación estatal. La jurisprudencia se
convierte así en un instrumento político-social y jurídico que involucra a la sociedad y activa
el cambio social.
Este activismo judicial enfrenta dos desafíos principales. El primero es conciliar dos
tipos de respuestas jurisprudenciales: la específica y la general. La respuesta específica se
refiere a decisiones sobre casos particulares sin efecto generalizado. La respuesta general, en
cambio, aborda cuestiones teóricas y filosóficas de la norma con un impacto más amplio en la
sociedad.
La combinación de estos enfoques suele dar lugar a lo que se conoce como tribunales
progresistas. Estos van más allá de emitir sentencias meramente formales, buscando generar
un cambio real a través de la implementación de políticas públicas.
Estas cortes aspiran a trascender la simple formalidad legal, enfocándose en provocar
transformaciones tangibles en la sociedad mediante la formulación e implementación de
políticas públicas efectivas.
Al respecto los magistrados de la Corte Constitucional mediante la sentencia 10-18
CN/19 y 11-18 CN/19 de 2019 en Ecuador no solo evidenció la discriminación hacia las parejas
del mismo sexo, sino que también ejemplifica el papel de los jueces activistas en la
interpretación constitucional. Estos magistrados abordan no solo cuestiones individuales
(concretas) o generales (abstractas), sino que buscan resolver la dicotomía entre lo individual
y lo colectivo, apuntando a correcciones de amplio alcance social.
Este activismo judicial aspira a proporcionar soluciones jurídicas a las realidades
complejas y a veces agobiantes de un país. Los desafíos son numerosos, y la continuidad del
activismo en las nuevas generaciones de juristas dependerá de cómo se conciba la
reformulación social.
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La justicia social se ha convertido en un tema de gran interés para los juristas
contemporáneos. Al analizar cómo se interpreta la ley, se observa que la actividad interpretativa
varía según el rol del intérprete. Un juez, por ejemplo, debe contrastar los hechos probados en
un proceso con los supuestos normativos, aplicando sanciones en concordancia con los
principios constitucionales. Un abogado, por su parte, buscará presentar las normas de manera
que favorezcan los intereses de su cliente.
En el contexto de la interpretación constitucional, es crucial entender que esta va más
allá de una simple lectura del texto. Los jueces constitucionales, en particular, tienen la tarea
de hacer realidad lo establecido en la Constitución. Esto implica considerar el contexto
económico, político, social, cultural y religioso en el que se aplica la norma.
El caso ecuatoriano ilustra cómo los jueces activistas pueden utilizar la interpretación
constitucional para abordar injusticias sistémicas, como la discriminación hacia parejas del
mismo sexo. Al hacerlo, no solo resuelven casos individuales, sino que también promueven
cambios sociales más amplios, alineando la práctica legal con los estándares internacionales de
derechos humanos y los compromisos del país como miembro de organizaciones
internacionales.
Este enfoque activista en la interpretación constitucional es fundamental para promover
el respeto a los derechos universales, especialmente de grupos marginados como la comunidad
LGBTI. Representa un esfuerzo por cerrar la brecha entre los ideales constitucionales y la
realidad social, utilizando el poder judicial como un instrumento de cambio y progreso social.
La Corte Constitucional y sus retos
La función de las Cortes o Tribunales Constitucionales en la construcción y
mantenimiento de Estados Democráticos es hoy una realidad innegable, tanto en el ámbito
jurídico como en el social.
Aunque puede parecer prematuro hablar de un triunfo global del constitucionalismo y
la democracia, es innegable que a finales del siglo XX se produjo una notable expansión de
estos conceptos. Sin embargo, nuestras percepciones del constitucionalismo a menudo
marginan las experiencias de los países en desarrollo, asumiendo que las nuevas democracias
deben simplemente imitar las prácticas de las democracias más consolidadas.
Esta visión limita nuestra comprensión de cómo se debe construir un constitucionalismo
autónomo, auténtico y creativo, adaptado a las realidades sociales específicas de cada nación.
Es necesario cambiar el paradigma dominante en el discurso académico, poniendo en el centro
de nuestro estudio constitucional las experiencias de las nuevas democracias.
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América Latina ofrece un rico campo de estudio para analizar tanto los éxitos como los
fracasos constitucionales. Su historia post-independencia está marcada por intentos de
gobierno republicano que a menudo derivaron en oligarquías y dictaduras. Sin embargo, las
últimas décadas del siglo XX fueron testigo de una renovación democrática y una intensa
experimentación constitucional.
Estas reformas buscaban limitar el poder presidencial, descentralizar el gobierno y
empoderar a las cortes constitucionales para interpretar, salvaguardar y hacer efectivos los
derechos, principios y valores constitucionales. Este proceso forma parte de una tendencia
mundial en la que las cortes constitucionales han ganado poder a través de decisiones valientes
y progresistas.
Estas decisiones judiciales son ahora objeto de intenso debate académico sobre las
implicaciones del activismo judicial y su impacto en la sociedad. Mientras algunos celebran
estos avances, otros los critican, generando un debate vigente sobre el papel de los jueces en la
evolución del constitucionalismo y la democracia.
El activismo judicial
El Derecho ha surgido como un principio fundamental para regular la vida en sociedad,
a medida que la humanidad ha evolucionado a lo largo del tiempo. Su propósito es establecer
normas que guíen las interacciones entre las personas, asegurando una convivencia armoniosa
y pacífica.
Esta evolución paralela de la humanidad y el derecho ha experimentado cambios
constantes, inspirados por el pensamiento de figuras ilustres. Estos cambios han transformado
las sociedades, pasando de sistemas dictatoriales y monárquicos a Estados fundamentados en
la democracia, la igualdad ante la ley y el sometimiento a un sistema jurídico (Rea, 2013).
Sin embargo, incluso en Estados de derecho, la administración de justicia ha sido
influenciada por ideologías políticas. En ocasiones, esto ha resultado en que la justicia se
convierta en un instrumento para ejercer el poder, reduciendo a los jueces a meros ejecutores
de políticas gubernamentales.
Maraniello (2018) define el activismo como una "actitud frontal, activa y directa frente
a diferentes obstáculos que se pueden presentar en el camino hacia un determinado objetivo"
(p. 125). En este contexto, De Julios Campuzano (2016) describe al juez activista como un
"magistrado que desprovisto de toda formalidad brega por el cumplimiento de sus propósitos
en búsqueda de la verdad jurídica objetiva con respeto de los derechos constitucionales" (p.
34).
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Mejía y Pérez (2015) consideran que el activismo judicial implica que el juez se
convierte en un actor que limita y complementa a los demás poderes del Estado, aplicando la
Constitución y los derechos fundamentales. Por su parte, Rhenals (2014) lo asocia con "la
creatividad de las sentencias, al protagonismo del tribunal y al aggiornamento del servicio de
justicia" (p. 294).
El activismo judicial se manifiesta cuando los magistrados realizan interpretaciones
innovadoras de la Constitución, enviando mensajes a los poderes del Estado y a la sociedad en
general. Este fenómeno implica que los jueces asumen un papel protagónico en el
reconocimiento y protección de las garantías ciudadanas, fomentando una dinámica de creación
de derecho (Larraín, 2013).
El rol del Juez activista en la creación y evolución jurisprudencial
El activismo judicial se caracteriza por la capacidad del juez para crear nueva
jurisprudencia y, en ocasiones, apartarse del precedente establecido. Este enfoque requiere que
los magistrados posean cualidades como seguridad, autonomía, libertad e independencia para
abordar casos complejos, pudiendo desviarse de los paradigmas tradicionales de impartir
justicia sin contravenir la Constitución.
Un juez activista debe estar dispuesto a modificar la jurisprudencia cuando lo considere
necesario, generando una "disidencia sistemática" para evitar la denegación de justicia. La
Corte Constitucional ha ido estableciendo que las autoridades judiciales deben ser coherentes
con sus decisiones previas, aplicando los mismos criterios a casos similares, a menos que
existan razones suficientes para fallar de manera distinta.
Sin embargo, este principio no es absoluto. La Corte reconoce que un juez puede
apartarse de un precedente horizontal cuando:
• Los supuestos fácticos del caso actual difieren del precedente.
• Existen motivos suficientes para replantear la posición anterior.
• En tales situaciones, el juez debe:
• Hacer referencia explícita al precedente que abandona.
• Proporcionar una argumentación sólida que justifique el cambio de criterio.
La Corte Constitucional ha enfatizado que ignorar los precedentes sin justificación
adecuada puede resultar en la violación de los derechos a la igualdad y al debido proceso, lo
cual puede ser motivo de acción de tutela.
El activismo judicial permite a los jueces apartarse razonadamente del precedente,
considerando las circunstancias particulares de cada caso. Esta práctica puede incluso llevar a
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la creación de nuevo derecho, siempre que se respeten los principios constitucionales y se
ofrezca una argumentación sólida para justificar el cambio de criterio.
Ahora bien, en el ámbito de la administración de justicia, los jueces tienen la
responsabilidad constitucional y legal de resolver todos los casos que se les presentan, incluso
aquellos para los cuales el legislador no ha proporcionado una solución legal específica. Dado
que es imposible que los legisladores prevean todas las situaciones posibles en el ámbito social,
los jueces a menudo se encuentran en la posición de crear derecho al establecer soluciones para
casos no contemplados en el ordenamiento jurídico existente.
Esta situación surge debido a la naturaleza abstracta de las leyes en contraste con la
concreción de los conflictos jurídicos y sociales. Como resultado, siempre habrá situaciones
que no se ajusten perfectamente a la normativa establecida, lo que requiere que el juez cree
pautas para resolver estos conflictos sin precedentes.
H.L.A. Hart, representante del positivismo suave, defendió la idea de que los jueces
crean derecho. Según su teoría, en los "casos difíciles" donde no existe una norma aplicable,
los jueces deben ejercer su discrecionalidad para tomar decisiones (Hart, 1994). Esta
discrecionalidad, en el contexto actual, se complementa con la consideración de la
razonabilidad y la realidad social en la que operan los individuos.
Clases de activismo judicial
En el ámbito jurídico, existe un debate sobre el alcance del activismo judicial. Una
corriente de pensamiento aboga por un activismo judicial de carácter procesal, argumentando
que los jueces deberían tener un papel más activo en la gestión del proceso legal. Esta
perspectiva sugiere que los magistrados deberían tener la facultad de intervenir en la regulación
formal del proceso, supervisar los requisitos procedimentales y promover el avance del caso,
incluso sin la solicitud explícita de las partes involucradas.
Esta postura contrasta notablemente con la filosofía del garantismo judicial. Los
defensores del garantismo consideran que el proceso legal es esencialmente un asunto entre las
partes en conflicto. Según esta visión, cualquier disputa legal debe regirse por el principio
dispositivo, lo que implica que el inicio del proceso debe ser siempre a petición de una de las
partes, nunca por iniciativa propia del juez. Además, esta corriente sostiene que el papel del
juez debe limitarse a evaluar las evidencias presentadas por las partes, sin tomar la iniciativa
de buscar pruebas adicionales, y debe mantenerse dentro del marco establecido por la demanda
y la contestación.
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Los partidarios del garantismo advierten que una actuación más proactiva del juez
podría comprometer su imparcialidad y constituir una intromisión indebida en los derechos
fundamentales de las partes en litigio.
En contraste, existe otra perspectiva conocida como activismo judicial sustantivo. Esta
corriente propone que, en determinadas circunstancias, los jueces tienen la responsabilidad de
ampliar el alcance y la repercusión de sus fallos. El propósito de esta ampliación sería
salvaguardar los derechos de la parte afectada y dotar a las sentencias de un mayor impacto
social.
Esta forma de activismo judicial ha cobrado relevancia en los últimos años,
particularmente en el contexto latinoamericano. Se ha manifestado en la judicialización de
casos complejos que buscan proteger los derechos culturales, sociales y económicos de grupos
vulnerables que han sido afectados por acciones de individuos, entidades privadas o incluso
del propio Estado.
Esta forma de activismo judicial ha ganado terreno en las últimas décadas,
especialmente en América Latina. Se ha manifestado en la judicialización de casos
estructurales que buscan garantizar los derechos culturales, sociales y económicos de grupos
afectados por individuos, entidades o incluso el Estado.
Metodología
La presente investigación se ha desarrollado mediante una metodología de revisión
bibliográfica-documental, diseñada para examinar en profundidad el activismo judicial en el
contexto de la administración de justicia ecuatoriana, con un énfasis particular en el papel del
juez como agente de cambio social. El análisis se centró en cómo el activismo judicial influye
en la capacidad de los jueces para promover cambios sociales a través de sus decisiones. A
través del estudio de casos ha permitido analizar las resoluciones judiciales y que incidencia
han tenido en la sociedad ecuatoriana, lo que proporcionó ejemplos concretos del juez como
agente de cambio.
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Resultados
Para este acápite, se hará referencia a dos sentencias de la Corte Constitucional:
Sentencia No. 11-18-CN/19 (matrimonio igualitario)
La Corte Constitucional del Ecuador se pronunció el 12 de junio de 2019 a favor de los
derechos de colectivos sociales, como la comunidad LGBTi. En este pronunciamiento, se
aprobó el matrimonio igualitario, estableciendo jurisprudencia en un país donde la Constitución
y el Código Civil definen el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Es
importante señalar que la decisión de la Corte Constitucional se basó en una consulta de un
tribunal inferior sobre si Ecuador podía aplicar la Opinión Consultiva 24-17 de la Corte IDH
para autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo sin necesidad de una reforma
constitucional.
Para fundamentar la sentencia, se consideraron varios amicus curiae, aportando una
perspectiva plural al proceso. Destacó la participación de ciudadanos y del Consejo Nacional
para la Igualdad de Género, quienes argumentaron que la sexualidad es fundamental para la
existencia de las personas y que el Estado debe garantizar su respeto y protección. La Corte
también subrayó la necesidad de separar la procreación del matrimonio desde una perspectiva
jurídica basada en la autonomía de la voluntad.
Es necesario reformar las normas jurídicas que regulan el matrimonio, para evitar
discriminación, dado que el artículo 67 de la Constitución define el matrimonio como la unión
entre un hombre y una mujer. Similarmente, el artículo 81 del Código Civil define el
matrimonio como un contrato entre un hombre y una mujer.
La igualdad y la no discriminación en materia de sexualidad son derechos
fundamentales que no deben estar sujetos a una realización progresiva. El principio de no
discriminación se aplica tanto en el reconocimiento de derechos civiles como en el matrimonio
igualitario, permitiendo que dos personas, independientemente de su orientación sexual,
puedan formar una familia y participar activamente en la sociedad. La reciente decisión de la
Corte Constitucional garantiza lo establecido en el artículo 1 de la CADH, comprometiendo a
los Estados Partes a proteger y garantizar los derechos sin discriminación de ningún tipo.
Recordemos que la igualdad y la no discriminación son principios fundamentales del
derecho, vinculados a todas las disposiciones constitucionales e instrumentos internacionales
de derechos humanos. La Corte IDH ha afirmado que el principio de no discriminación es parte
del ius cogens, obligando al Estado a eliminar cualquier norma o práctica que genere
discriminación y desigualdad.
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Sentencia No. 13-18-CN/21 (consulta de Norma)
La Corte Constitucional de Ecuador, en una decisión mayoritaria, declaró
inconstitucional parte del artículo 175, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal (COIP),
que establecía que el consentimiento es irrelevante en delitos sexuales contra adolescentes. La
Corte determinó que evaluar el consentimiento es crucial para discernir si un acto debe ser
penalmente sancionado o si refleja la evolución de la capacidad de los adolescentes para ejercer
sus derechos. Basándose en la doctrina de protección integral y mediante un test de
proporcionalidad, la Corte concluyó que la norma, al considerar siempre irrelevante el
consentimiento en actos sexuales de menores de 18 años, ignora su condición de sujetos de
derechos. Reconoció que, a medida que desarrollan su capacidad y madurez, los adolescentes
pueden tener relaciones sexuales consentidas, libres e informadas. La Corte también estableció
criterios para evaluar la validez del consentimiento. De aquí en adelante, el artículo 175,
numeral 5 del COIP se modificará para indicar: "En los delitos sexuales, el consentimiento
dado por la víctima menor de dieciocho años de edad es irrelevante, excepto en los casos de
personas mayores de catorce años que se encuentren en capacidad de consentir en una relación
sexual."
El juez Ramiro Ávila Santamaría, en su voto concurrente, destacó que la Corte no
fomenta el inicio temprano de la vida sexual, ya que esto siempre ha existido. Explicó que la
Corte enfatiza la necesidad de políticas públicas para manejar adecuadamente la sexualidad
adolescente, subrayando que más y mejor información retrasarán el inicio de la vida sexual y
permitirá tomar decisiones más informadas sobre los derechos sexuales y reproductivos.
Tabla 1:
Rol del Juez como gestor de cambios (derechos humanos colectivos)
Sentencia
Rol del Juez como gestor de cambios
(derechos humanos colectivos)
Activismo Judicial
11-18-CN/19:
Matrimonio
Igualitario
Igualdad y No
Discriminación
Derechos de la
Comunidad
LGBTI
Interpretación
Progresista
Protección de
Derechos
Fundamentales
La sentencia sobre el
matrimonio
igualitario subraya la
igualdad y no
discriminación,
principios
fundamentales de los
derechos humanos.
Al aprobar el
matrimonio entre
personas del mismo
sexo, la Corte
Esta decisión
garantiza los
derechos de la
comunidad
LGBTI,
permitiéndoles
acceder al
matrimonio y
gozar de los
mismos derechos,
obligaciones y
beneficios que las
La Corte, al
aceptar la
Opinión
Consultiva 24-17
de la Corte
Interamericana de
Derechos
Humanos,
demuestra un
enfoque
progresista y
comprometido
El juez cumple un
rol de activista
judicial al
intervenir
activamente en la
protección y
garantía de
derechos
fundamentales,
adaptando las
normas
nacionales a los
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Volumen 5, Número Especial 4, 2024
reafirma que todos
los ciudadanos
tienen el derecho de
formar una familia,
independientemente
de su orientación
sexual.
parejas
heterosexuales.
con la expansión
de derechos.
estándares
internacionales de
derechos
humanos.
13-18-CN/21:
Delitos
Sexuales y
Consentimiento
Adolescente
Protección Integral
de los Adolescentes
Autonomía y
Capacidad de
Decisión
Evaluación del
Consentimiento
Políticas Públicas
y Educación
La decisión de la
Corte sobre la
relevancia del
consentimiento en
delitos sexuales
contra adolescentes
destaca la protección
integral de los
derechos de los
adolescentes,
reconociendo su
capacidad
progresiva para
tomar decisiones
informadas sobre su
vida sexual.
La sentencia
reconoce el
derecho de los
adolescentes a la
autonomía y a la
capacidad de
consentir,
respetando su
desarrollo
personal y
madurez.
La Corte adopta
una postura
activista al
revaluar la
irrelevancia del
consentimiento en
delitos sexuales,
estableciendo
parámetros para
determinar la
validez del
consentimiento y
protegiendo los
derechos de los
adolescentes.
El juez Ramiro
Ávila Santamaría
enfatiza la
necesidad de
políticas públicas
adecuadas y
educación para la
toma de
decisiones
informadas,
mostrando un
enfoque proactivo
en la promoción y
protección de los
derechos sexuales
y reproductivos de
los adolescentes
679-18-JP/20 y
acumulados:
Derecho a
medicamentos
de calidad,
seguros y
eficaces
Protección del
Derecho a la Salud
Promoción de
Políticas Públicas
Inclusivas
Garantía del
Acceso a
Medicamentos
Seguros y
Eficaces
Vigilancia y
Cumplimiento de
los Derechos
Humanos
La Corte llama la
atención al gobierno
sobre la regresividad
en el presupuesto de
salud y ordena no
reducir los fondos
destinados a
medicamentos y
talento humano. Este
mandato tiene como
objetivo proteger y
garantizar el derecho
a la salud de la
población,
asegurando la
disponibilidad de
recursos necesarios
para la atención
médica
La disposición
para que el
Ministerio de
Salud Pública
(MSP) desarrolle
una política
pública
especializada para
tratar casos de
enfermedades
catastróficas y de
alta complejidad.
Esta acción
promueve
políticas públicas
inclusivas que
aseguren el acceso
equitativo a
servicios de salud
especializados
para personas con
enfermedades
graves,
protegiendo su
derecho a recibir
atención adecuada
y oportuna.
La sentencia
incluye mandatos
detallados para
que el MSP y
otras entidades
ajusten normas y
protocolos,
establezcan
políticas
intersectoriales, y
elaboren planes
específicos. Estas
medidas tienen el
objetivo de
garantizar el
acceso a
medicamentos
seguros y
eficaces,
protegiendo el
derecho a la salud
y asegurando que
todos los
ciudadanos
reciban
tratamientos
médicos
adecuados.
La orden de la
Corte para que el
MSP y otras
entidades
informen
periódicamente
sobre el
cumplimiento de
las medidas, junto
con la
capacitación
dirigida a jueces y
personal médico.
Estas acciones
aseguran que las
decisiones
judiciales se
implementen de
manera efectiva,
protegiendo los
derechos
humanos
mediante una
supervisión
constante y la
educación de los
actores
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involucrados en el
sistema de salud.
328-19-EP/20:
Vulneración del
derecho a la
salud de una
persona con
discapacidad
que no recibió
atención médica
oportuna
Garantizar el
Derecho a la Salud:
Reparación
Integral y
Disculpas Pública
Protección y
Efectividad del
Derecho a la
Tutela Judicial:
Difusión y
Sensibilización
sobre Derechos
Humanos
La Corte, ordenó al
Ministerio de Salud
Pública (MSP)
garantizar, de forma
oportuna, todo
tratamiento y
atención médica
necesarios para
Andrés Sebastián
Cevallos Argudo,
incluyendo visitas
domiciliarias a
través del programa
"Médicos del
Barrio".
Dispuso que se debe
asegurar la
continuidad y
calidad del acceso a
tratamientos
médicos,
especialmente para
personas con
condiciones de salud
complejas y en
situaciones de doble
vulnerabilidad.
Instruir al MSP
para presentar
disculpas públicas
al accionante y su
familia por la falta
de disponibilidad
y accesibilidad al
derecho a la salud,
incluyendo la
publicación de
dichas disculpas
en su página web
institucional y la
difusión entre todo
el personal médico
y administrativo.
Publicar la
sentencia durante
un plazo de 8
meses en la página
web del MSP y
realizar campañas
de sensibilización
a nivel nacional en
todos los
hospitales y
centros médicos,
enfocándose en
derechos humanos
y atención de
calidad a pacientes
con
discapacidades y
patologías
complejas.
Declarar la
vulneración del
derecho a la tutela
judicial efectiva,
asegurando que
las instancias
judiciales actúen
de manera
oportuna y eficaz
en la protección
de los derechos de
los ciudadanos.
Hacer un llamado
de atención a los
jueces y
miembros de la
sala judicial
correspondiente
por no brindar la
tutela judicial
adecuada,
promoviendo la
responsabilidad y
la mejora en la
administración de
justicia.
Publicar la
sentencia durante
un plazo de 3
meses en su
página web
institucional y
difundir su
contenido entre
todos los
operadores de
justicia,
asegurando la
sensibilización y
educación
continua sobre la
importancia de
proteger los
derechos
humanos en el
ámbito judicial.
Realizar
campañas de
sensibilización a
nivel nacional,
enfocadas en
derechos
humanos, en
todos los
hospitales y
centros médicos
del MSP,
promoviendo una
atención de
calidad y
adecuada a
pacientes con
patologías
complejas y
discapacidades
791-21-JP/22 :
Análisis de la
Vulneración de
los Derechos a
la Igualdad y No
Discriminación
en el Proceso de
Reclutamiento
Interpretación
progresista de los
Derechos Humanos
Promoción de la
inclusión y
diversidad
Defensa activa de
los Derechos
fundamentales
Desafío a
normativas
excluyentes y
sensibilización
El juez adopta una
interpretación
inclusiva de los
derechos a la
igualdad y no
discriminación,
asegurando que
condiciones médicas
no sean un obstáculo
injustificado para el
acceso al empleo
El juez fomenta la
inclusión y
diversidad dentro
de las instituciones
públicas,
desafiando
estereotipos de
género y
reconociendo la
importancia de
políticas que no
Los jueces
adoptan un papel
activo en la
defensa de los
derechos
fundamentales,
utilizando su
autoridad para
cuestionar
prácticas
discriminatorias y
A través de sus
decisiones, los
jueces desafían
normativas que
excluyen
injustamente a
individuos,
promoviendo una
visión inclusiva y
realizando
campañas de
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Volumen 5, Número Especial 4, 2024
de la Policía
Nacional
público,
proponiendo
alternativas menos
restrictivas.
perpetúen
desigualdades
basadas en
características
físicas o médicas.
establecer
precedentes que
fortalezcan la
protección de la
igualdad y no
discriminación.
sensibilización
continua sobre la
importancia de
respetar los
derechos
humanos dentro
del sistema
judicial y en la
sociedad.
1351-19-JP/22:
Derecho a la
educación de
niños, niñas y
adolescentes
con
discapacidades
mediante el
acceso a una
beca
Interpretación y
Aplicación
Progresista de la
Ley
Implementación
de Medidas de
Reparación y
Prevención
Promoción
Activa de la
Igualdad y No
Discriminación
Sensibilización y
Educación
Continua
El juez aplica una
interpretación
progresista de los
derechos
constitucionales,
garantizando el
derecho a la
educación y el
principio de no
discriminación para
niños y adolescentes
con discapacidades.
La decisión de
revocar una
sentencia anterior y
ordenar la creación
de un nuevo
programa de becas
demuestra un
compromiso con la
igualdad y la
inclusión.
El juez no solo
identifica las
violaciones de
derechos, sino que
también ordena
medidas concretas
para reparar el
daño causado y
prevenir futuras
vulneraciones.
Esto incluye la
creación de
programas de
becas específicos,
la publicación y
transparencia de
las bases de
postulación, y la
supervisión del
cumplimiento de
estas medidas por
parte de las
instituciones
responsables.
La Corte adopta
un papel activo en
la promoción de
la igualdad y la no
discriminación,
destacando la
necesidad de
adaptar las
políticas públicas
para asegurar que
los niños y
adolescentes con
discapacidades
puedan acceder a
la educación en
igualdad de
condiciones. La
decisión de exigir
disculpas públicas
y la
reformulación de
políticas
educativas
subraya un
compromiso con
la justicia social y
la equidad.
La Corte ordena la
difusión amplia de
la sentencia y la
implementación
de campañas de
sensibilización,
asegurando que
tanto las
instituciones
educativas como
la sociedad en
general
comprendan la
importancia de
respetar y
proteger los
derechos de las
personas con
discapacidades.
Estas medidas
buscan cambiar la
percepción y el
tratamiento de los
grupos
vulnerables,
promoviendo un
enfoque inclusivo
y respetuoso de
los derechos
humanos
209-15-JH/19 y
(acumulado)
Acceso a los
servicios de
salud por parte
de los PPL
Garantía de Acceso
a Servicios de Salud
Supervisión y
Coordinación
Interinstitucional
Interpretación
Progresiva de la
Ley y
Establecimiento
de Precedentes
Vinculantes
Monitoreo y
Evaluación
Continua
La Corte
Constitucional
asegura que las
personas privadas de
libertad tengan
acceso a atención
médica, tratamientos
y medicamentos de
calidad. Esto incluye
tratamientos dentro
de los centros de
La sentencia
requiere la
colaboración de
múltiples
entidades, como el
Ministerio del
Interior, el
Ministerio de
Salud Pública, y el
Servicio Nacional
de Atención
La Corte adopta
una interpretación
expansiva de la
ley para proteger
plenamente el
derecho a la salud
de las personas
privadas de
libertad. Esto
incluye la
adopción de
La sentencia
incluye
disposiciones para
la difusión de la
misma y el
cumplimiento de
sus órdenes,
requiriendo
informes
periódicos sobre
el progreso de las
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privación de
libertad, programas
de salud pública para
tratamientos fuera de
estos centros, y
medidas alternativas
a la privación de
libertad cuando sea
necesario.
Esta disposición no
solo protege el
derecho a la salud de
las personas privadas
de libertad, sino que
también establece un
sistema integral y
accesible para la
atención médica de
estas personas,
promoviendo así su
rehabilitación y
bienestar.
Integral a Personas
Adultas Privadas
de la Libertad,
para implementar
las medidas
necesarias que
aseguren el acceso
a servicios de
salud de calidad.
Esta coordinación
asegura que se
tomen acciones
concretas y
efectivas para
proteger los
derechos
humanos,
promoviendo un
enfoque integral y
colaborativo entre
diferentes
instituciones.
medidas no
tradicionales,
como el acceso a
tratamientos fuera
de los centros de
privación de
libertad y la
disposición de
medidas
alternativas a la
privación de
libertad. La
interpretación
progresiva de la
ley garantiza que
los derechos
humanos se
protejan de
manera amplia y
efectiva, y el
establecimiento
de precedentes
vinculantes
asegura que todos
los jueces
constitucionales
observen estos
criterios en
futuras
resoluciones,
promoviendo así
una aplicación
uniforme y
coherente de los
derechos
humanos.
medidas
implementadas.
También se
establece que la
sentencia y sus
precedentes deben
ser observados
por todos los
jueces
constitucionales
en la resolución
de causas bajo su
conocimiento.
El monitoreo y la
evaluación
continua garantiza
que las
disposiciones de
la sentencia se
implementen de
manera efectiva y
que las
instituciones
responsables
cumplan con sus
obligaciones. Esto
refleja un
compromiso
activo de la Corte
Constitucional
con la protección
y promoción de
los derechos
humanos.
1342-16-EP/21:
Vulneración a
los derechos a la
estabilidad
laboral
reforzada y a la
igualdad
material de una
persona con
discapacidad.
Corrección de
Injusticias y
Establecimiento de
Reparaciones:
Implementación
de Medidas de
Reparación y
Satisfacción:
Interpretación
Amplia y
Progresiva de la
Ley:
Establecimiento
de Precedentes
Vinculantes
La Corte
Constitucional
acepta la acción
extraordinaria de
protección y declara
la vulneración de los
derechos a la
seguridad jurídica,
estabilidad laboral
reforzada, e igualdad
material de Renato
David Romero
Villacís. Esto se
traduce en la
anulación de una
sentencia anterior y
la emisión de una
nueva resolución que
aborda las
vulneraciones.
La Corte ordena al
Consejo de la
Judicatura que
pague una
indemnización,
ofrezca disculpas
públicas, y
publique estas
disculpas en su
sitio web y redes
sociales. Estas
medidas no solo
buscan reparar el
daño causado, sino
también
sensibilizar a la
sociedad sobre la
importancia de
respetar los
derechos de las
La Corte adopta
una interpretación
expansiva de la
Constitución y la
Ley Orgánica de
Garantías
Jurisdiccionales y
Control
Constitucional
para proteger los
derechos de
Renato David
Romero Villacís.
Esto incluye
reconocer la
práctica
discriminatoria y
establecer
medidas
La sentencia no
solo resuelve el
caso específico de
Renato David
Romero Villacís,
sino que también
establece
precedentes
vinculantes que
deben ser
observados por
todos los jueces
constitucionales
en futuras
resoluciones. Esto
asegura que los
criterios y
principios de
derechos
humanos
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Volumen 5, Número Especial 4, 2024
Esta acción corrige
injusticias previas,
restablece los
derechos vulnerados
del individuo
afectado y sienta un
precedente
importante para
futuros casos
similares,
asegurando que otros
no sufran las mismas
injusticias.
personas con
discapacidad.
Al implementar
medidas de
reparación y
satisfacción, la
Corte no solo
restituye los
derechos del
afectado, sino que
también promueve
cambios
institucionales y
sociales que
contribuyen a una
mayor conciencia
y respeto por los
derechos humanos
correctivas y de
reparación.
Al interpretar la
ley de manera
progresiva, la
Corte asegura una
protección más
amplia y efectiva
de los derechos
humanos,
promoviendo un
enfoque que va
más allá de la
mera aplicación
literal de las
normas.
aplicados en esta
sentencia se
mantengan en
futuros casos.
Al establecer
precedentes
vinculantes, la
Corte fomenta una
interpretación y
aplicación
uniforme de los
derechos
humanos en todo
el sistema
judicial,
asegurando una
protección
consistente y
coherente de los
derechos
fundamentales en
el país.
3393-17-EP/21:
La Corte
Constitucional
Establece la
Vulneración del
Debido Proceso
en el Contexto
de la Ley de
Sustancias
Estupefacientes
y Psicotrópicas
Aplicación del
Principio de
Favorabilidad (Art.
76 numeral 5 de la
Constitución)
Garantía de
Motivación (Art.
76 numeral 7
literal l de la
Constitución)
Interpretación
Pro Persona (Art.
427 de la
Constitución)
Revisión de
Aplicación de
Normas (Art. 75
de la
Constitución)
El juez debe
asegurar que, en
casos de conflicto
entre dos leyes que
sancionan el mismo
hecho pero con
sanciones diferentes,
se aplique la ley más
favorable a la
persona procesada.
En el contexto de la
sentencia, la Corte
señala que el juez
debería haber
analizado la
aplicabilidad de la
norma más favorable
en lugar de aplicar
directamente la ley
especial, para
garantizar el
principio de
favorabilidad.
La motivación de
las decisiones
judiciales es
crucial para
garantizar que los
derechos de las
partes sean
respetados. En la
sentencia, se
critica que el
tribunal no motivó
adecuadamente su
decisión al aplicar
la ley menos
favorable sin
analizar a fondo la
solicitud del
accionante,
violando así la
garantía de una
respuesta judicial
motivada.
El activismo
judicial se
manifiesta en la
interpretación de
las normas en el
sentido que más
favorezca la
vigencia plena de
los derechos
humanos. En la
sentencia, se
argumenta que la
interpretación del
principio de
favorabilidad
debe considerar
no solo aspectos
sustantivos, sino
también
procesales y de
ejecución,
reflejando un
enfoque pro
persona en la
aplicación de la
ley.
El activismo
judicial incluye la
revisión activa de
cómo se aplican
las normas en
casos específicos
para asegurar que
los derechos
fundamentales
sean protegidos.
En el caso, la
Corte encontró
que el tribunal no
examinó
adecuadamente la
solicitud del
accionante bajo el
principio de
favorabilidad y no
justificó su
decisión, lo que
refleja una
deficiencia en el
activismo judicial
al no proteger de
manera efectiva
los derechos del
accionante.
Nota: Sentencias CC. 11-18-CN/19 13-18-CN/21; 679-18-JP/20 y acumulados,
328-19-EP/20, 791-21-JP/22; 1351-19-JP/22; 3-19-JP y acumulados, 209-15-JH/19 y (acumulado) 1342-16-
EP/21, 3393-17-EP/21 Jefferson Steven Bonilla Morejón (2024).
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Volumen 5, Número Especial 4, 2024
En las sentencias ut supra referidas, la Corte Constitucional de Ecuador y sus jueces
demuestran un firme compromiso con la defensa y ampliación de los derechos humanos,
desempeñando un rol proactivo en la adecuación de las normas nacionales a los estándares
internacionales. Este activismo judicial es esencial para garantizar que las leyes evolucionen y
se adapten a las necesidades y derechos de todas las personas, fomentando una sociedad más
equitativa e inclusiva.
Discusión
Los hallazgos de esta investigación subrayan el rol fundamental del activismo judicial
en el contexto ecuatoriano, especialmente en la defensa y ampliación de los derechos
fundamentales. La Corte Constitucional, al abordar casos complejos como el matrimonio
igualitario y la protección de los derechos de grupos vulnerables, demuestra cómo el activismo
judicial no solo es una herramienta para la interpretación progresiva de las normas, sino
también un mecanismo clave para impulsar cambios sociales significativos.
Uno de los puntos más destacables es la capacidad de los jueces para reinterpretar las
leyes y las normas constitucionales a fin de garantizar una mayor protección de los derechos
humanos. Esto se observa en la sentencia No. 11-18-CN/19, donde la Corte abordó la
legalización del matrimonio igualitario, un fallo que representa un avance significativo en la
protección de los derechos de la comunidad LGBTI en Ecuador. A través de esta sentencia, no
solo se estableció un precedente clave para futuras decisiones, sino que también se desafió una
normativa históricamente discriminatoria, alineando la legislación nacional con estándares
internacionales de derechos humanos.
Además, la investigación destaca el impacto del activismo judicial en la reforma
estructural del sistema legal. Sentencias como la No. 1351-19-JP/22, que garantizan el acceso
a la educación para niños y adolescentes con discapacidades, ilustran cómo las decisiones
judiciales pueden no solo resolver conflictos individuales, sino también obligar al Estado a
implementar políticas inclusivas que beneficien a grupos marginados. Este enfoque proactivo
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resalta la responsabilidad del poder judicial no solo como árbitro de disputas, sino como
promotor activo de derechos fundamentales.
En este contexto, es necesario discutir también los desafíos asociados al activismo
judicial. La posibilidad de que los jueces se aparten de precedentes establecidos puede generar
tensiones con otros poderes del Estado, lo que plantea interrogantes sobre la legitimidad
democrática de dichas decisiones. Sin embargo, como se ha señalado en estudios previos
(Larraín, 2013; Mejía & Pérez, 2015), el activismo judicial se legitima cuando las decisiones
judiciales no solo se basan en una sólida interpretación constitucional, sino también en la
defensa de los principios de igualdad y no discriminación.
Finalmente, los resultados de este estudio evidencian que el activismo judicial es crucial
para asegurar una interpretación dinámica y flexible de la Constitución, adaptada a las
necesidades sociales contemporáneas. Sin embargo, su efectividad depende de un equilibrio
cuidadoso entre la independencia judicial y la coherencia jurisprudencial, lo que asegura que
las decisiones no solo sean innovadoras, sino también justas y equitativas.
Conclusión
El activismo judicial ejercido por los jueces de la Corte Constitucional de Ecuador actúa
como un contrapeso esencial frente a las decisiones de las mayorías políticas. Este rol garantiza
la protección y promoción de los derechos constitucionales, evitando que el poder legislativo
pase por alto los principios fundamentales de la Constitución.
Los jueces, a través de su activismo judicial, demuestran que el derecho no es estático,
sino una realidad dinámica que debe adaptarse a las circunstancias históricas y sociales
actuales. Esto implica la capacidad de flexibilizar los requisitos procesales y reinterpretar las
leyes para responder adecuadamente a las nuevas necesidades y desafíos de la sociedad,
siempre con un enfoque en la dignidad humana.
En lugar de limitarse a aplicar las leyes existentes, los jueces en su rol de activistas
judiciales contribuyen activamente a la creación de un nuevo derecho. Este proceso implica
tomar decisiones basadas en criterios económicos, políticos y morales, desarrollando un
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Volumen 5, Número Especial 4, 2024
sistema legal que no solo responde a las normativas tradicionales, sino que también impulsa
cambios significativos para lograr una sociedad más equitativa y justa.
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Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N° 679-18-JP/20 y acumulados
Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N° 11-18-CN/19.
Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N° 1342-16-EP/21
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