Código Científico Revista de Investigación/ V.6/ N. E2/ www.revistacodigocientifico.itslosandes.net
ISSN: 2806-5697
Vol. 6 – Núm. E2 / 2025
pág. 2649
La aplicación directa de los instrumentos internacionales de los derechos
humanos en la legislación ecuatoriana
The direct application of international human rights instruments in
Ecuadorian legislation
A aplicação direta dos instrumentos internacionais de direitos humanos na
legislação equatoriana
Marvin Baltazar Romero Feijoo
1
Universidad Indoamérica
mromero35@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0009-0006-6416-011X
David Gonzalo Villalva Fonseca
2
Universidad Indoamérica
davidvillalva@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-4168-5344
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v6/nE2/1170
Como citar:
Romero, M. & Villalva, D. (2025). La aplicación directa de los instrumentos internacionales
de los derechos humanos en la legislación ecuatoriana. Código Científico Revista de
Investigación, 6(E2), 2649-2667.
Recibido: 25/05/2025 Aceptado: 20/06/2025 Publicado: 30/09/2025
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Research Article
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Resumen
En Ecuador, la aplicación directa de los instrumentos internacionales de derechos humanos está
reconocida en la Constitución de 2008, estableciendo su jerarquía superior a las leyes
nacionales, sin embargo, su implementación efectiva enfrenta desafíos significativos, por lo
que, aunque los jueces tienen la obligación de aplicar el control de convencionalidad, la falta
de formación especializada y la ausencia de mecanismos de supervisión han generado una
aplicación inconsistente, dificultando la materialización de los estándares internacionales en la
justicia ecuatoriana. A su vez, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tratado de
corregir esta problemática, aunque persisten fallos judiciales que contradicen compromisos
internacionales, pues algunos jueces interpretan que el control de convencionalidad es una
facultad exclusiva de tribunales superiores, lo que limita su aplicación efectiva en todos los
niveles judiciales; Además, la falta de mecanismos de monitoreo y sanción ha permitido que
se mantengan normativas incompatibles con tratados internacionales, afectando la protección
de derechos fundamentales. Para fortalecer la aplicación de estos instrumentos, es esencial
implementar programas de formación para jueces y fiscales, establecer mecanismos de
supervisión que garanticen el cumplimiento de los tratados internacionales y armonizar la
legislación nacional con los estándares internacionales; Asimismo, es fundamental promover
una cultura jurídica que valore la integración de estas normas en la práctica judicial,
consolidando un sistema de justicia que garantice la efectiva protección de los derechos
humanos y asegure que las decisiones judiciales se alineen con los compromisos
internacionales asumidos por el Ecuador.
Palabras clave: Derechos humanos, control de convencionalidad, justicia, tratados
internacionales, Ecuador.
Abstract
In Ecuador, the direct application of international human rights instruments is recognized in
the 2008 Constitution, establishing their superior status over national laws. However, their
effective implementation faces significant challenges. Although judges are obligated to apply
the principle of conventionality control, the lack of specialized training and the absence of
oversight mechanisms have led to inconsistent application, hindering the realization of
international standards within the Ecuadorian justice system. The Constitutional Court's
jurisprudence has attempted to address this problem, but judicial rulings that contradict
international commitments persist. Some judges interpret conventionality control as an
exclusive power of higher courts, thus limiting its effective application at all judicial levels.
Furthermore, the lack of monitoring and sanctioning mechanisms has allowed regulations
incompatible with international treaties to remain in place, affecting the protection of
fundamental rights. To strengthen the application of these instruments, it is essential to
implement training programs for judges and prosecutors, establish oversight mechanisms to
guarantee compliance with international treaties, and harmonize national legislation with
international standards. Likewise, it is fundamental to promote a legal culture that values the
integration of these norms into judicial practice, consolidating a justice system that guarantees
the effective protection of human rights and ensures that judicial decisions align with the
international commitments undertaken by Ecuador.
Keywords: Human rights, conventionality control, justice, international treaties, Ecuador.
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Resumo
No Equador, a aplicação direta dos instrumentos internacionais de direitos humanos é
reconhecida na Constituição de 2008, estabelecendo a sua superioridade em relação às leis
nacionais. Contudo, a sua efectiva implementação enfrenta desafios significativos. Embora os
juízes sejam obrigados a aplicar o princípio do controlo da convencionalidade, a falta de
formação especializada e a ausência de mecanismos de supervisão têm conduzido a uma
aplicação inconsistente, dificultando a concretização dos padrões internacionais no sistema
judicial equatoriano. A jurisprudência do Tribunal Constitucional tem procurado resolver este
problema, mas persistem decisões judiciais que contrariam os compromissos internacionais.
Alguns juízes interpretam o controlo da convencionalidade como uma competência exclusiva
dos tribunais superiores, limitando, assim, a sua efetiva aplicação em todos os níveis do poder
judicial. Além disso, a ausência de mecanismos de monitorização e de sanção tem permitido a
permanência de normas incompatíveis com os tratados internacionais, afetando a proteção dos
direitos fundamentais. Para reforçar a aplicação destes instrumentos, é essencial implementar
programas de formação para juízes e procuradores, estabelecer mecanismos de supervisão para
garantir o cumprimento dos tratados internacionais e harmonizar a legislação nacional com as
normas internacionais. Da mesma forma, é fundamental promover uma cultura jurídica que
valorize a integração destas normas na prática judicial, consolidando um sistema de justiça que
garanta a proteção efetiva dos direitos humanos e assegure que as decisões judiciais estão em
consonância com os compromissos internacionais assumidos pelo Equador.
Palavras-chave: Direitos humanos, controlo da convencionalidade, justiça, tratados
internacionais, Equador.
Introducción
En el Ecuador, la aplicación directa de los instrumentos internacionales de derechos
humanos ha sido reconocida en la Constitución de 2008, la cual establece que los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado tienen jerarquía superior a las
leyes nacionales (Art. 424). Asimismo, el artículo 11, numeral 3, dispone que los derechos
serán plenamente justiciables, sin que la falta de norma interna pueda limitar su aplicación.
A su vez, se reconoce la obligatoriedad del control de convencionalidad, lo que implica
que los jueces ecuatorianos deben interpretar y aplicar las normas nacionales conforme a los
estándares internacionales en materia de derechos humanos (Corte Constitucional del Ecuador,
2020). No obstante, la aplicación efectiva de estos principios en la práctica judicial sigue siendo
un tema de debate, ya que no se conoce con certeza hasta qué punto se han implementado de
manera uniforme y obligatoria dentro del sistema jurídico ecuatoriano.
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Es así que, en referencia al problema del presente tema de investigación, el problema
que se plantea es la falta de aplicación efectiva y uniforme de los instrumentos internacionales
de derechos humanos en la legislación ecuatoriana, a pesar del reconocimiento constitucional
de su supremacía.
En este contexto, persiste la incertidumbre sobre si las decisiones judiciales en Ecuador
cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos y si los tratados ratificados
realmente han fortalecido la protección de los derechos fundamentales en el país. Asimismo,
se desconoce el impacto real que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en la interpretación de los jueces ecuatorianos y en qué medida se han
corregido normas que contradicen los compromisos internacionales adquiridos por el Estado
(Ramírez, 2022).
Conociendo lo que hasta ahora no era claro, se podrá comprender el verdadero alcance
de la aplicación directa de los instrumentos internacionales en Ecuador y evaluar las
limitaciones que enfrenta el sistema jurídico para garantizar la efectiva tutela de los derechos
humanos. Este análisis permitirá identificar las inconsistencias normativas, la falta de
capacitación de los operadores de justicia y las dificultades institucionales que obstaculizan la
consolidación del control de convencionalidad en el país. A la postre, contribuirá a una mejor
comprensión del papel de los tratados internacionales en la jurisprudencia ecuatoriana y su
incidencia en la garantía de los derechos fundamentales.
La presente investigación se desarrolla bajo una metodología descriptiva y
bibliográfica, ya que se basa en la revisión y análisis de documentos normativos,
jurisprudenciales y doctrinales. En este sentido, se examinarán aspectos clave de la
Constitución ecuatoriana, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico
Integral Penal, así como los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el
Ecuador.
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Por tanto, se analizarán resoluciones de la Corte Constitucional del Ecuador y
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han influido en la aplicación
del control de convencionalidad en el país. A través de este enfoque, se busca proporcionar una
visión detallada y fundamentada sobre la aplicación de los instrumentos internacionales de
derechos humanos en el sistema jurídico ecuatoriano, identificando sus alcances, limitaciones
y posibles mejoras para fortalecer la protección de los derechos fundamentales.
Desarrollo
El reconocimiento constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos en
Ecuador
En Ecuador, la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en
el sistema jurídico ha sido un proceso gradual que alcanzó su mayor consolidación con la
Constitución de 2008, la cual establece un modelo de Estado constitucional de derechos y
justicia, en el que se otorga a estos instrumentos un estatus jerárquico superior a las leyes
nacionales (Constitución del Ecuador, 2008).
En efecto, el artículo 424 de la Constitución dispone que los tratados internacionales de
derechos humanos ratificados por el Ecuador prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica
en caso de conflicto, lo que implica que su aplicación es directa y no requiere de un acto
legislativo para su incorporación en el ordenamiento interno (Corte Constitucional del Ecuador,
2021).
A su vez, el artículo 11, numeral 3, establece que los derechos reconocidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales son plenamente justiciables, prohibiendo la
limitación de su aplicación bajo el argumento de falta de norma específica, garantizando así
una protección efectiva de los derechos fundamentales (García Ramírez, 2021).
A pesar de este reconocimiento normativo, en la práctica, la aplicación efectiva de los
tratados internacionales de derechos humanos en Ecuador ha sido un desafío constante, ya que,
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aunque los jueces tienen la obligación de aplicar el control de convencionalidad, en muchos
casos no lo hacen de manera uniforme o directa, generando fallos que entran en contradicción
con los compromisos internacionales asumidos por el Estado (Corte IDH, 2021). La falta de
formación especializada en derecho internacional de los operadores de justicia ha sido un
obstáculo significativo para la aplicación de estos tratados, pues muchos jueces desconocen la
prevalencia de estos instrumentos sobre la normativa interna y recurren a una interpretación
restrictiva que limita su alcance (Martínez, 2022).
Por tanto, en este contexto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana ha
tratado de corregir esta deficiencia mediante la exigencia de una interpretación conforme a los
estándares internacionales, sin embargo, aún existen inconsistencias en la aplicación práctica
de estos principios en el ámbito judicial ecuatoriano (Corte Constitucional del Ecuador, 2021).
Uno de los aspectos clave en la aplicación de los tratados internacionales en Ecuador
es la doctrina del control de convencionalidad, la cual ha sido impulsada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y establece que todos los jueces nacionales deben
interpretar y aplicar las normas internas en conformidad con los tratados internacionales de
derechos humanos ratificados por el Estado (Corte IDH, 2021).
Sin embargo, en la jurisprudencia ecuatoriana, la aplicación de este principio ha sido
inconsistente, ya que algunos jueces han interpretado que el control de convencionalidad es
una facultad exclusiva de los tribunales superiores, cuando en realidad es una obligación de
todas las autoridades judiciales sin excepción (Pérez, 2020). República de Ecuador, en el cual
se determina que el Estado ecuatoriano no había garantizado adecuadamente los derechos
humanos de la víctima y su familia, al incumplir estándares internacionales en la protección de
la integridad personal y el acceso a la justicia (Corte IDH, 2021).
Asimismo, la falta de mecanismos efectivos de supervisión y seguimiento ha
dificultado la aplicación real de estos tratados en el sistema de justicia ecuatoriano, ya que no
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existen instancias que sancionen la omisión de su aplicación en los fallos judiciales (López,
2020). Es así que, en muchas ocasiones, los jueces continúan aplicando el Código Orgánico
Integral Penal y otras normativas sin contrastarlas con los tratados internacionales, a pesar de
que estos contienen disposiciones más favorables para la protección de derechos fundamentales
(Corte Constitucional del Ecuador, 2021).
A su vez, la Corte Constitucional ha emitido sentencias en las que se establece la
necesidad de que las normas nacionales sean interpretadas a la luz de los estándares
internacionales, pero la falta de capacitación en derechos humanos sigue siendo una barrera
para la aplicación efectiva de esta doctrina en el país (Martínez, 2022).
De tal manera, aunque el reconocimiento constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos en Ecuador es claro y establece su prevalencia sobre la legislación
interna, la aplicación efectiva de estos instrumentos sigue enfrentando múltiples desafíos
normativos e institucionales. La falta de una aplicación uniforme del control de
convencionalidad, el desconocimiento de los jueces sobre la jerarquía de los tratados
internacionales y la ausencia de mecanismos de supervisión eficaces han limitado la protección
de los derechos fundamentales en el país.
Por ende, para fortalecer este marco normativo, es necesario implementar estrategias
que garanticen la capacitación continua de los operadores de justicia, así como establecer
mecanismos de control que aseguren que los jueces apliquen correctamente los tratados
internacionales en sus decisiones. En este sentido, la armonización entre el derecho interno y
el derecho internacional de los derechos humanos es un proceso ineludible para consolidar un
Estado verdaderamente garantista y comprometido con la protección de la dignidad humana
(Corte Constitucional del Ecuador, 2021).
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El control de convencionalidad y su aplicación en la justicia ecuatoriana.
El control de convencionalidad es un mecanismo jurídico de carácter supranacional que
tiene como objetivo garantizar que las normas internas de los Estados se interpreten y apliquen
de conformidad con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por dichos
Estados. Este principio fue desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH), especialmente a partir del caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile (Corte IDH,
2006), donde se estableció que los jueces, como parte del aparato estatal, no solo deben aplicar
la ley interna, sino también verificar que dicha legislación sea compatible con los estándares
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
A través del control de convencionalidad, se exige que los operadores de justicia
examinen la compatibilidad de las normas internas con la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y, en caso de contradicción, inapliquen aquellas disposiciones que vulneren
los derechos consagrados en dicho instrumento internacional. Esto implica una transformación
en la función judicial, al incorporar una dimensión de análisis internacional en la interpretación
del derecho interno.
En el contexto ecuatoriano, este principio ha sido formalmente acogido, especialmente
a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 2008, que reconoce la jerarquía superior
de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y establece su aplicación directa. No
obstante, la aplicación efectiva del control de convencionalidad enfrenta obstáculos relevantes.
Por ejemplo, en el caso Pachamama vs. Estado ecuatoriano, relacionado con los derechos de
la naturaleza y el consentimiento de pueblos indígenas, se evidenció una escasa referencia a
estándares interamericanos. Asimismo, en varios procesos de habeas corpus durante las
protestas de octubre de 2019, jueces ecuatorianos omitieron pronunciarse sobre la
proporcionalidad del uso de la fuerza desde una perspectiva de derechos humanos,
desatendiendo la jurisprudencia de la Corte IDH sobre la protección de la integridad personal.
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Estos casos demuestran que, aunque el control de convencionalidad ha sido reconocido
normativamente en Ecuador, su aplicación práctica continúa siendo parcial, lo que pone en
evidencia la necesidad de fortalecer la formación en derecho internacional y el compromiso
institucional con la protección de los derechos fundamentales a la luz de los estándares
interamericanos.
La Constitución de la República del Ecuador de 2008 refuerza este compromiso al
establecer en su artículo 424 que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos
ratificados por el país prevalecen sobre las leyes internas cuando reconozcan derechos más
favorables que los contemplados en la propia Constitución; cabe mencionar que, el artículo 11,
numeral 3, dispone que los derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los
instrumentos internacionales son de aplicación directa e inmediata por y ante cualquier servidor
público o autoridad judicial, sin necesidad de una ley que los desarrolle; estas disposiciones
constitucionales obligan a los operadores de justicia a ejercer un control de convencionalidad
ex officio, es decir, de oficio, comparando las normas internas con los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales
(Constitución de la República del Ecuador, 2008).
A pesar de este marco normativo claro, la implementación efectiva del control de
convencionalidad en la justicia ecuatoriana ha sido inconsistente; uno de los principales
obstáculos es la falta de formación especializada en derecho internacional de los operadores de
justicia, lo que conduce a una aplicación limitada o incorrecta de los estándares internacionales
en sus decisiones; cabe destacar que, persiste una percepción errónea de que el control de
convencionalidad es una facultad exclusiva de los tribunales superiores, cuando en realidad es
una obligación de todos los jueces y autoridades administrativas del país; esta situación ha
generado fallos judiciales que, en ocasiones, contradicen los compromisos internacionales
asumidos por el Estado ecuatoriano (Yánez-Yánez y Mila-Maldonado, 2020).
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Para fortalecer la aplicación del control de convencionalidad en Ecuador, es imperativo
implementar programas de capacitación continua dirigidos a jueces, fiscales y demás
operadores de justicia en materia de derechos humanos y derecho internacional; asimismo, es
necesario establecer mecanismos efectivos de supervisión y seguimiento que aseguren la
correcta aplicación de los tratados internacionales en las decisiones judiciales; solo mediante
estos esfuerzos se podrá garantizar que el sistema jurídico ecuatoriano esté plenamente
alineado con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos,
consolidando así un Estado verdaderamente respetuoso de la dignidad humana y sus garantías
fundamentales (Corte Nacional de Justicia, 2015).
Casos emblemáticos de vulneración de derechos humanos en Ecuador y su relación con
el derecho internacional.
La aplicación directa de los instrumentos internacionales de derechos humanos en la
legislación ecuatoriana ha sido objeto de análisis y debate en diversos estudios académicos. A
la postre y, de acuerdo a las consideraciones de Salgado (2003), la Constitución del Ecuador
reconoce y garantiza la aplicación directa de estos instrumentos, permitiendo que las normas
internacionales prevalezcan sobre las leyes internas cuando sean más favorables para la
protección de los derechos humanos. Este enfoque busca asegurar la efectiva vigencia de los
derechos reconocidos a nivel internacional dentro del ordenamiento jurídico nacional.
No obstante, la implementación práctica de este principio enfrenta desafíos
significativos. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador
(2007), muchos profesionales del derecho aún no conciben plenamente que los instrumentos
internacionales de derechos humanos forman parte del universo de normas jurídicas que deben
aplicar. Esta percepción limitada puede derivar en una aplicación inconsistente de las normas
internacionales en casos concretos, afectando la protección efectiva de los derechos
fundamentales.
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Es así que, la falta de formación especializada en derecho internacional y derechos
humanos entre los operadores de justicia contribuye a esta problemática. Como señala Salgado
(2003), es esencial que los profesionales del derecho comprendan la jerarquía y obligatoriedad
de los tratados internacionales en el ámbito nacional para garantizar su correcta aplicación. Sin
una capacitación adecuada, es probable que persistan interpretaciones erróneas y una
resistencia a integrar plenamente las normas internacionales en la práctica judicial ecuatoriana.
De tal manera, aunque la Constitución ecuatoriana establece claramente la primacía y
aplicación directa de los instrumentos internacionales de derechos humanos, su efectiva
implementación requiere superar obstáculos relacionados con la formación y percepción de los
operadores de justicia. Fortalecer la educación en derecho internacional y promover una cultura
jurídica que valore la integración de estas normas son pasos fundamentales para consolidar un
sistema legal que proteja de manera efectiva los derechos humanos en el Ecuador.
Los desafíos institucionales y normativos en la aplicación efectiva de los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
En el contexto ecuatoriano, la aplicación efectiva de los instrumentos internacionales
de derechos humanos enfrenta una serie de desafíos institucionales y normativos que dificultan
su consolidación dentro del sistema jurídico; aunque la Constitución de 2008 reconoce la
primacía de estos tratados sobre la legislación interna, persisten vacíos normativos y
deficiencias en su aplicación, lo que genera incertidumbre respecto a la materialización de los
estándares internacionales en la práctica judicial; en este sentido, el control de
convencionalidad, si bien ha sido incorporado como un principio fundamental en la
jurisprudencia, no siempre es aplicado de manera uniforme, lo que evidencia la existencia de
obstáculos estructurales que impiden una interpretación coherente con el derecho internacional
de los derechos humanos (Corte Constitucional del Ecuador, 2022).
Por otra parte, uno de los principales desafíos radica en la brecha existente entre el
reconocimiento constitucional de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y su
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implementación efectiva en el sistema judicial; si bien la Constitución establece la
obligatoriedad de su aplicación, múltiples estudios han evidenciado que una parte considerable
de los operadores de justicia no integra adecuadamente estos instrumentos en sus decisiones.
Por ejemplo, un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo (2020) reveló que solo un
23 % de sentencias analizadas en materia de derechos humanos incluyeron estándares del
Sistema Interamericano. Esta deficiencia se ve agravada por la limitada formación
especializada en derechos humanos y derecho internacional, lo cual ha generado
interpretaciones restrictivas o incluso erróneas respecto a la jerarquía normativa de dichos
tratados. Como consecuencia, persisten fallos judiciales que contradicen los compromisos
internacionales asumidos por el Estado ecuatoriano, afectando la coherencia del sistema legal
y la garantía efectiva de los derechos fundamentales (Serrano, Paredes y González, 2021).
A su vez, la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión y control sobre la
aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos representa un obstáculo
reconocido por diversos expertos y organismos nacionales. En el caso ecuatoriano, no existen
procedimientos institucionalizados que permitan sancionar la omisión de estos instrumentos en
las resoluciones judiciales, ni estructuras de evaluación periódica que verifiquen el
cumplimiento de los estándares internacionales. Según García Ramírez (2020), la falta de
mecanismos internos que aseguren el seguimiento de la jurisprudencia interamericana debilita
la eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los países de la región. En
este contexto, la débil articulación entre las instituciones encargadas de garantizar los derechos
fundamentales dificulta el cumplimiento de las recomendaciones y decisiones emitidas por
organismos internacionales, limitando la implementación de medidas correctivas y, con ello,
el impacto real de los tratados en la protección de las garantías individuales.
En referencia a la necesidad de fortalecer la aplicación efectiva de estos instrumentos
en Ecuador, es indispensable impulsar reformas que permitan mejorar la capacitación de los
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operadores de justicia, estableciendo programas de formación continua en derecho
internacional de los derechos humanos, en ese sentido, resulta imperativo fortalecer los
mecanismos de control que supervisen la correcta aplicación de estos tratados en el ámbito
judicial, asegurando que las decisiones de los jueces respondan a los estándares internacionales.
Por otro lado, es crucial promover una mayor articulación entre las instituciones
nacionales y los organismos internacionales, facilitando la adopción de recomendaciones y la
adecuación normativa a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado ecuatoriano;
solo mediante estos esfuerzos se podrá consolidar un sistema jurídico que garantice de manera
efectiva la protección de los derechos humanos, permitiendo así una justicia alineada con los
principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados ratificados
por el país (Corte IDH, 2021).
Propuestas para fortalecer la aplicación directa de los instrumentos internacionales de
derechos humanos en Ecuador.
Para fortalecer la aplicación directa de los instrumentos internacionales de derechos
humanos en Ecuador, es esencial implementar una serie de estrategias que aborden tanto los
desafíos normativos como institucionales existentes; en primer lugar, es imperativo desarrollar
programas de formación continua dirigidos a los operadores de justicia, incluyendo jueces,
fiscales y defensores públicos, con el objetivo de profundizar su comprensión sobre la jerarquía
y aplicación de los tratados internacionales en el ámbito nacional; esta capacitación debe
enfatizar la obligatoriedad de estos instrumentos y proporcionar herramientas prácticas para su
correcta interpretación y aplicación en casos concretos (Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos del Ecuador, 2007).
A la postre, es necesario establecer mecanismos efectivos de supervisión y seguimiento
que aseguren la implementación adecuada de los estándares internacionales en las decisiones
judiciales; la creación de una entidad independiente encargada de monitorear y evaluar la
incorporación de los tratados de derechos humanos en la jurisprudencia nacional podría ser una
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medida efectiva; esta entidad tendría la facultad de emitir recomendaciones vinculantes y
promover correctivas en casos de incumplimiento, garantizando así una aplicación de acciones
uniformes y coherentes de los compromisos internacionales asumidos por el Estado
ecuatoriano (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2012).
Por otra parte, la armonización legislativa es fundamental para evitar contradicciones
entre las normas internas y los tratados internacionales; se requiere una revisión exhaustiva del
marco jurídico nacional para identificar y modificar aquellas disposiciones que sean
incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos; este proceso debe
involucrar a diversos actores, incluyendo legisladores, académicos y representantes de la
sociedad civil, asegurando una reforma integral y participativa que fortalezca la protección de
los derechos fundamentales en el país (Salgado, 2001).
De tal manera, la promoción de una cultura de respeto y protección de los derechos
humanos es esencial para consolidar estos avances; campañas de sensibilización y educación
dirigidas a la ciudadanía en general pueden contribuir a generar un entorno favorable para la
aplicación efectiva de los instrumentos internacionales; asimismo, la inclusión de contenidos
sobre derechos humanos en los planos de estudio de todos los niveles educativos fomentará
una comprensión profunda y un compromiso activo con estos principios desde temprana edad,
fortaleciendo así el tejido social y jurídico en torno a la defensa de la dignidad humana
(Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2012).
Metodología
La metodología descriptiva estuvo centrada en la revisión bibliográfica para examinar
normas legales y jurisprudencia vigente. Esta metodología permitió caracterizar y analizar
fenómenos jurídicos desde una perspectiva interpretativa, sin recurrir a la cuantificación,
enfocándose en la comprensión profunda del contenido normativo y su aplicación práctica
(Flick, 2014).
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La investigación se desarrolló bajo un paradigma cuantitativo positivista mismo que
según Finol y Vera (2020) ‘‘sigue una secuencia lineal, sistemática, se plantea un problema,
revisión de la literatura, teorías formales, formulación de hipótesis, se define una metódica con
sus respectivo diseño, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos (pág.
7).
Resultados
La aplicación directa de los instrumentos internacionales de derechos humanos en
Ecuador ha sido objeto de un profundo debate académico y judicial, ya que, si bien la
Constitución de 2008 establece la primacía de los tratados internacionales sobre la legislación
nacional (Constitución del Ecuador, 2008), en la práctica, su implementación enfrenta
múltiples obstáculos normativos e institucionales. Existen posturas que sostienen que el
reconocimiento constitucional de estos tratados garantiza su plena efectividad en el sistema
jurídico ecuatoriano (García Ramírez, 2021), mientras que otros autores argumentan que la
falta de mecanismos de control y la resistencia de ciertos sectores judiciales han obstaculizado
su correcta aplicación (Yánez-Yánez y Mila-Maldonado, 2020).
En ese sentido, se encuentra la perspectiva normativa, la cual enfatiza que el
reconocimiento constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos en Ecuador
es suficiente para garantizar su aplicación directa y efectiva. De acuerdo con García Ramírez
(2021), el artículo 424 de la Constitución ecuatoriana otorga un estatus jerárquico superior a
estos instrumentos, lo que significa que su incorporación en el derecho interno no requiere de
una ley de implementación, sino que son plenamente aplicable en cualquier instancia judicial.
En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador ha reiterado que los
jueces tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad, asegurando que las
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normas internas sean interpretadas conforme a los estándares internacionales de derechos
humanos (Corte Constitucional del Ecuador, 2022).
Sin embargo, esta postura ha sido ampliamente cuestionada desde una perspectiva
pragmática e institucional. Yánez-Yánez y Mila-Maldonado (2020) sostienen que la aplicación
de los tratados internacionales en Ecuador sigue siendo inconsistente y depende en gran medida
de la voluntad y el conocimiento de los jueces. La ausencia de una capacitación sistemática en
derecho internacional ha generado interpretaciones restrictivas que limitan el alcance del
control de convencionalidad. Cabe mencionar que, existe una tendencia a considerar que este
control es una facultad exclusiva de los tribunales superiores, cuando en realidad es una
obligación de todas las instancias judiciales (Pérez, 2020). Esta falta de claridad en la
implementación ha permitido que continúen vigentes normas internas que contradicen los
compromisos internacionales asumidos por el Estado ecuatoriano.
Desde una óptica institucionalista, Aguilar (2022) argumenta que el principal problema
radica en la carencia de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas dentro del sistema
judicial. A diferencia de otros países de la región, Ecuador no cuenta con un órgano
independiente encargado de monitorear la aplicación de los tratados internacionales en la
jurisprudencia nacional. Esta ausencia ha generado un escenario en el que la aplicación del
derecho internacional depende del criterio discrecional de cada juez, sin que existan
consecuencias claras para aquellos que omiten la aplicación del control de convencionalidad.
Esta postura es respaldada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2021), que ha
señalado que la falta de mecanismos de seguimiento es un factor determinante en la persistencia
de violaciones a los derechos humanos en el país.
Por otro lado, la dimensión política del problema también es relevante. Según el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador (2007), la aplicación efectiva de los
tratados internacionales no solo depende del reconocimiento normativo, sino también de la
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voluntad política para garantizar su cumplimiento. En este sentido, Salgado (2001) advierte
que la implementación del control de convencionalidad suele estar sujeta a presiones externas
e internas, lo que ha llevado a que, en ciertos casos, los eviten aplicar estándares internacionales
por temor a generar conflictos con el poder político o sectores económicos influyentes. Esto se
ha evidenciado en sentencias donde, a pesar de la existencia de precedentes de la Corte IDH,
los tribunales ecuatorianos han optado por fallos que priorizan la legislación interna sin
considerar los tratados internacionales ratificados por el Estado (Defensoría del Pueblo del
Ecuador, 2012).
Ante este panorama, la literatura académica ha propuesto diversas estrategias para
fortalecer la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos en Ecuador.
Una de las soluciones más mencionadas es la necesidad de reformar la formación jurídica en
el país, incorporando el derecho internacional de los derechos humanos como una materia
obligatoria en la formación de jueces y abogados (Corte IDH, 2021). Asimismo, se ha
propuesto la creación de un organismo independiente encargado de monitorear la
implementación del control de convencionalidad y emitir recomendaciones vinculantes para
garantizar una interpretación coherente con los estándares internacionales (Defensoría del
Pueblo del Ecuador, 2012). Desde una perspectiva legislativa, se ha planteado la necesidad de
armonizar el marco normativo nacional con los tratados internacionales, eliminando aquellas
disposiciones que sean incompatibles con los estándares de derechos humanos (Salgado, 2001).
Conclusiones
Aunque la Constitución de 2008 reconoce la primacía de los tratados internacionales
de derechos humanos, su aplicación sigue siendo inconsistente, ya que muchos jueces no los
implementan de manera uniforme debido a la falta de capacitación y supervisión, lo que genera
incertidumbre jurídica y permite decisiones que contradicen los compromisos internacionales
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asumidos por Ecuador, por lo tanto, el reconocimiento normativo no es suficiente sin
estrategias que aseguren su cumplimiento efectivo.
El desconocimiento del derecho internacional entre jueces y fiscales ha dificultado la
aplicación del control de convencionalidad, por tanto, la inexistencia de un órgano de
supervisión impide un control efectivo de su cumplimiento, por lo que es urgente implementar
programas de formación y establecer mecanismos de monitoreo para garantizar la correcta
interpretación y aplicación de estos tratados en la justicia ecuatoriana.
Para fortalecer la aplicación de los tratados internacionales, es clave armonizar la
legislación nacional con los estándares internacionales, capacitar a los operadores de justicia y
crear una entidad independiente que supervise su implementación, a su vez, una mayor
coordinación entre el Estado y organismos internacionales contribuiría a consolidar un sistema
de justicia más garantista y alineado con los derechos humanos.
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